Más de 5,000 personas en riesgo de desalojo en comunidad en Soyapango

Para explicar la angustia que sienten miles de personas en la Comunidad Primero de Diciembre, en Soyapango, es importante comprender cómo llegaron ahí, qué encontraron, cómo formaron ese asentamiento en condiciones de miseria en un terreno privado y por qué, ahora, denuncian que enfrentan la presión de un desalojo de parte de la nueva empresa dueña de esos terrenos, que -según habitantes- ha aparecido para exigir el derecho a la propiedad, pero les sorprende que ocurra más de 20 años después.

Al mismo tiempo, hay que plantear el derecho sobre dichos terrenos que tiene la empresa propietaria, Quebec S.A. de C.V. Un representante de la directiva de la empresa envió un comunicado a El Diario de Hoy, sobre la postura de la compañía (ver nota en elsalvador.com). 

En la actualidad, en la Comunidad Primero de Diciembre viven entre 5,000 a 6,000 personas, según un censo hecho por los mismos habitantes, quienes han contado también que hay alrededor de 5,800 champas.

Machete, pobreza y ripio

Irse a vivir a un botadero de basura, a la par de una quebrada, abrirse paso entre la vegetación agreste, sin servicio básico alguno, viviendo bajo palos y plásticos. Eso decidieron unas 800 personas, la mayoría excombatientes de la Fuerza Armada, al no tener otras opciones para hacerse de un lugar para vivir ni tener suficientes ingresos para alquilar en la zona metropolitana de San Salvador. Era el 1 de diciembre de 2004 y la mayoría integraba una organización ciudadana de excombatientes y desmovilizados del Ejército.

"Entramos aquí por la misma necesidad de que la pobreza nos obliga a buscar un lugar donde vivir", explica hoy doña Ana Mercedes Alvarado, quien formó parte de ese grupo fundador de la comunidad. 

"Ya la gente organizada venimos a hacer este asentamiento en este lugar, en donde en ese tiempo era inhabitable. Aquí eran unos grandes barrancos, un gran zacatal, todo era un monte, aquí no había ni un tan solo árbol. Pero a medida de que ya entramos como organización a trabajar por el asentamiento, a ir llenando de ripio los barrancos, limpiando, quemando el monte, ya se fue haciendo habitable; porque aquí las personas que entramos hemos vuelto habitable este terreno", agrega. 

Quienes tienen más tiempo de vivir en la zona ubican el inicio del relleno de basura en el lugar por el año 1970. Doña Ana Mercedes narra que "como la necesidad de una vivienda es bastante dura, nosotros pues como pobres, personas que no tenemos cómo comprar una casa, cómo tener un terreno, tuvimos que asentarnos aquí y aquí hacer nuestras viviendas, pues tenemos más de 20 años de estar aquí luchando", en un terreno que es privado, es decir, no pertenece ni al Estado ni a la municipalidad. 

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Sin embargo, ese poco más de dos décadas de vivir ahí es insuficiente. Según el Código Civil, si una persona vive en un terreno que no le pertenece por al menos 30 años de forma ininterrumpida, puede gestionar su propiedad; pero ese plazo no se ha cumplido en este caso.

Cayetano Cruz, actual concejal por el FMLN en San Salvador Este (donde Soyapango es ahora distrito), era funcionario de la entonces Alcaldía de Soyapango que era gobernada por el partido efemelenista, con Carlos "Diablito" Ruiz como alcalde. Cruz confirmó que la ocupación ilegal de ese terreno privado ocurrió bajo cierta permisividad de la comuna de ese entonces. 

Eran las primeras personas en poblar la zona, de manera ilegal, empujados por la pobreza. Tres años después, en 2007, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) prohibió los depósitos de desechos sólidos en botaderos a cielo abierto y, cuando eso ocurrió, la zona dejó de recibir más basura. 

Como efecto secundario, la cantidad de personas que llegaron a vivir a la Primero Diciembre aumentó, y subió tanto que incluso se crearon tres sectores dentro de la misma comunidad: Gerardo Barrios (al oriente de la calle que conecta el Bulevar del Ejército con la calle Agua Caliente), Viuda de Alas (al lado del edificio de Ferretería EPA) y Las Victorias (la parte central del asentamiento); este último se refiere al nombre original de todo el terreno, que era la Finca Las Victorias. 

Aparecieron más y más champas, láminas, cuartones de madera, cartón, retazos de plástico, tubos, paredes hechas con bolsas negras. La Primero de Diciembre crecía.

Pero, así como crecía el número de sencillas viviendas, también creció un cáncer en medio del asentamiento: las pandillas. 

Los sureños del Barrio 18 tomaron control del lugar y, poco a poco, instalaron su ley. Renta de tres dólares para entrar o salir de la comunidad; pago de "aval" para poner un negocio, y por supuesto, darles una cuota; llegaron incluso a "vender" lotes a otras personas, quienes pedían permiso para hacer casas un poco más dignas, de ladrillos y cemento, pero solo podían hacerlo con el "permiso" de los criminales. 

A pesar del control pandilleril y atenazados además por la pobreza, la gente de la comunidad encontró la manera de, poco a poco, mejorar sus condiciones de vida; hasta el punto que lograron que CAESS les instalara servicio de energía eléctrica y alumbrado en algunas zonas. Es decir que, aunque no tenían título de propiedad ni escritura, sí se organizaron lo suficiente como para acordar con la compañía eléctrica el pago debido por el servicio, en lugar de mantener conexiones piratas. 

Cuando el Gobierno instaló el régimen de excepción en marzo de 2022, hubo un antes y un después en la comunidad Primero de Diciembre. La mayoría de pandilleros que había en el lugar fueron detenidos o huyeron hacia otros rumbos; las autoridades también detuvieron a familiares y "colaboradores" de los criminales, a pesar de que muchos actuaban bajo amenazas de los mismos pandilleros. Así lo relatan habitantes del lugar, quienes sin embargo reconocen que, ahora, ya es posible entrar y salir sin problema en la comunidad, y que hay más tranquilidad hasta en horas nocturnas. 

Y llegamos, entonces, a la actualidad. Aunque los habitantes viven en condiciones de mucha pobreza, se sienten orgullosos de haber logrado que la Primero de Diciembre sea mucho mas habitable de cuando llegó aquel primer grupo en 2004. Por eso su angustia: ahora que prácticamente no hay pandillas y se respira otro ambiente en la comunidad, que existe energía eléctrica, que hay algunos proyectos de agua potable... ahora aparece la empresa Quebec S.A. de C.V. para -dicen- cobrarles por la tierra o desalojarles. 

Doña Ana Mercedes Alvarado, del grupo de excombatientes del Ejército que fundó el asentamiento, explica que "el señor representante de esa empresa Quebec dice que que ellos han comprado (el terreno) y nos ponen un precio bien alto que en realidad nosotros, como personas pobres, no podemos pagar esa gran cantidad por este terreno, que ya nosotros lo hemos puesto habitable, ya con agua potable, energía eléctrica".

Antonio Villatoro, quien tiene 18 años de vivir en el lugar y que ha formado un comité ciudadano para velar por la misma comunidad, lamenta que "a la gente pobre vinieron a decirles que les firmaran un documento, que les dieran el DUI porque les iban a ayudar, que les iban a hacer préstamos accesibles y que firmaran un papel, que ya venía la ayuda"; agregó que los representantes de la empresa Quebec pidieron permiso para meterse "a cada champa para medir" y luego, "cuando ya tomaron la medición, dijeron que ellos eran los dueños de aquí. Mire cómo fue el engaño para esta gente pobre. Los engañaron en esa forma, les hicieron que firmaran, les dijeron que les iban a dar una gran ayuda" económica que no ha llegado.

Villatoro describió que la presión de Quebec sobre la comunidad es grande, que "hay una señora que cayó con infarto", y que a otra anciana que está inválida, cuando explicó que no podía pagar porque no tenía dónde ni cómo conseguir trabajo, el representante de la compañía le dijo: "Entonces usted se va a ir al Río Acelhuate a que se la coman los cocodrilos, le sale mejor". 

Jacinta Meléndez Méndez, de la tercera edad y que vive en el sector Las Victorias, mostró a El Diario de Hoy el documento que le entregó un representante de Quebec, que señala por su vivienda de 97.49 m2 un precio real de $20,923.30, pero también plantea un precio con descuento de $9,066.76.

" 'Yo no puedo pagar eso, no tengo a nadie, no tengo hijos ni quien me ayude', le dije. Me respondió: 'No señora, no se preocupe, a usted le van a hacer su casita, lo único que usted no va a dejar a nadie de beneficiario. Así será con ustedes que son señoras solas'. O sea que cuando nosotras nos muramos, van a vender el terreno y todo", reflexiona Jacinta. 

En el documento que le entregaron a la anciana, similar al que recibieron decenas de personas en la comunidad, la empresa comunica que "Quebec Inversiones y Desarrollo, comprometido con mejorar la calidad de vida de las familias de la Comunidad 1o. de Diciembre, y en colaboración con distintas entidades gubernamentales, ha logradola clasificación de Interés Social, lo que permite reducir considerablemente el precio del lote". 

El líder comunitario Villatoro narró, sin embargo, que los personeros de Quebec "ofrecían préstamos en el banco, dijeron que había banco abierto y que fueran para el banco; pero (a la gente) no les oyeron, no les dieron el dinero, los engañaron, y allí es donde la gente se ha volteado y dijeron 'no, estos son mentirosos y estafadores'". 

Pero algunos ya desalojaron. El Diario de Hoy constató que hay varias casas solas en la comunidad, marcadas por una calcomanía con letras y un número, indicativos de que el inmueble, por sencillo que sea, fue censado e incluido en el inventario de Quebec. 

Como comunidad, ante la situación angustiante y el miedo a un desalojo, piden que el gobierno del presidente Nayib Bukele tome acción: dicen que confían en el mandatario y solicitan que se gestione la donación de los terrenos donde tienen más de dos décadas de vivir, o que les permitan precios realmente accesibles para sus condiciones. 

"El Gobierno manda todo el Estado, él tiene todo el poder y el hombre no es malo. Yo sé que si le pedimos va a oír esta petición", dijo Villatoro en su pedido al mandatario.

Al consultarle si estarían dispuestos a moverse a otro lugar, si el Gobierno o alguna institución les brinda ayuda, respondió que "sería difícil, como ya esta gente mire, ha agotado su vida. Del 2004 hasta ese 2025 ya se han dejado el resto de su vida por arreglar sus barrancos y que lo pasen a otra parte, empezar de nuevo y están ancianos... ya no van a poder, a morirse van, pues. ¿Verdad? Entonces es más la colaboración de que no los desalojen".

Habitantes acusan a empresa Quebec de amenazas y matonería

Quebec Inversiones y Desarrollo S.A. de C.V., según población de la comunidad Gerardo Barrios, ya censó casi toda la zona y pretende desalojarles. 

Según los habitantes, personas de esta empresa se acercaron a la directiva del sector y a la población, ofreciéndoles "ayuda" para entregarles papeles o escrituras para que pudieran tener por escrito el derecho de las casitas en que han vivido todo este tiempo; con esa esperanza, muchos colaboraron en el censo de viviendas y lotes en el lugar. 

Pero, después, según los mismos habitantes de la comunidad, los representantes de la compañía Quebec les dijeron que debían pagar por dichas casas o lotes, o desalojar cuanto antes. Son cantidades entre los $9,000 hasta los $120,000 según los afectados, quienes aseguran que no tienen recursos para pagar semejantes cifras, ya que en su mayoría se dedican a recoger latas y botellas, a la venta informal u oficios varios, que no llegan a completar, siquiera, un salario mínimo mensual. 

También abundan casos como el de Ovidio Sosa, del sector Las Victorias, quien dijo que "estamos siendo atropellados por la empresa Quebec, por los dueños supuestamente", quienes a su juicio se están aprovechando de las personas que no tienen escrituras o documentos de los terrenos donde viven. 

"Estamos luchando en favor de la comunidad, estamos desprotegidos y pedimos al Gobierno que nos apoye en estos momentos de necesidad y angustia, porque ellos lo que nos dicen es sacarnos o pagamos, y los lotes de (precios de) 50,000 a 40,000 dólares", relató Sosa. 

En su caso, narró que "fui violentado por ellos (representantes de Quebec), me amenazaron psicológicamente y verbalmente, me dijeron que si no me iba por las buenas, sería por las malas. Yo llamé a la Policía y ellos me dijeron que enseñara las escrituras... y entonces accedí (pues no tiene escrituras), para no tener más problemas con ellos". 

Sosa lanza la misma pregunta que se hacen centenas de personas en el lugar: "Ya tenemos más de 20 años de vivir aquí en la comunidad, ¿por qué después de 20 años vienen a querernos sacar, por qué no antes y venir a reclamar las tierras? Dijeron que ellos ya pagaron la hipoteca, los impuestos y todo eso. ¿Qué soluciones nos dan? Nos dijeron que van a lotificar y que nos van a poner una cuota como ellos quisieran, y la comunidad no tiene los recursos para poder pagar". 

Como comunidad, relatan que han buscado apoyo en la Asamblea Legislativa, donde el presidente Ernesto Castro les habría ofrecido ayuda, pero primero les ha pedido ordenarse y levantar un censo; en el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), que filmó un documental en la zona hace unos años; también ante la Embajada de Chile, pues explican que durante una cumbre de presidentes en El Salvador, la entonces mandataria chilena Michelle Bachellet aseguró que en su gestión iba a apoyar para que la gente se hiciera legalmente de los humildes terrenos donde habitan. 

Siguen tocando puertas y buscando apoyos, con la misma tenacidad que les llevó a superar los retos que enfrentaron al llegar a la zona en 2004. Aunque ahora, dos o tres generaciones después, enfrentan por primera vez la posibilidad de tener que abandonar la Primero de Diciembre.