El personal del Tribunal de Ética Gubernamental (TEG) se ha visto en dificultades de obtener las pruebas suficientes para poder determinar la responsabilidad del titular del Ministerio de Salud Pública, Francisco Alabí, y del exministro de Agricultura y Ganadería, Pablo Anliker.
El presidente del Tribunal de Ética Gubernamental, Néstor Castaneda, expresó que esto se debe a que en dichas oficinas de gobierno la información es brindada a cuentagotas o, en el peor de los casos, se resisten a entregarla.
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“Ante los obstáculos de la recolección de las pruebas, los ejecutores han pedido ampliación, estamos viendo por diferentes canales de lograr información que nos permita tener certeza de las responsabilidades, por ejemplo, en el conflicto de intereses se ha hablado mucho de proveedores, que están dando mascarillas, etc., y otros artículos a ministerios en donde los socios de alguna manera tienen parentesco con los titulares”, expresó Castaneda.
Señaló que con similar situación se han topado en el MAG, en el que también están procesando denuncias por compras de atún en las que se mencionaba que el exministro Anliker tenía un nexo de parentesco con una empresa mexicana. “Pero necesitamos colaboración en la parte investigativa”, solicitó el funcionario.
En el caso del Ministerio de Salud Pública las denuncias son por conflicto de intereses, ausencias laborales, mal manejo de recursos públicos, pero lamentó que tienen obstáculos para conseguir las pruebas y lo poco que les proporcionan no es suficiente para determinar las responsabilidades.
“Respetando el procedimiento legal tenemos que trabajar con el informe que nos mandan, posteriormente mandamos a los investigadores y tenemos siempre ese problema en la obtención de pruebas, es decir, la ley no da más, como lo puede hacer la Fiscalía”, sostuvo.
Informó que las denuncias recibidas en casi un 95% son anónimas, pero también involucran a diputados y funcionarios del actual gobierno, las cuales ya están en proceso de investigación.
“De la actual administración están en proceso, del Ministerio de Educación, del Ministerio de Agricultura, de CEPA y otros. En el último año tenemos alcaldes, directores de centros educativos, diputados, los nombres no puedo precisarle en este momento, pero sí hay diputados que contrataron a muchos parientes, de (Guillermo) Gallegos (GANA), hay un proceso todavía en ejecución”, explicó Castaneda.
Ante la dificultad de obtener la información para llevar a feliz término las indagaciones, el TEG presentó en 2018 un pliego de reformas a la Ley, de las cuales Castaneda espera que la actual Asamblea las considere y las aprueben.
Entre las reformas que solicitó el TEG en ese entonces se encuentra incrementar las sanciones que actualmente están cifradas entre 1 a 40 salarios mínimos ($14,600 con la actualización). Han pedido que se eleve a 300 salarios mínimos ($109,500), “sería un persuasivo bastante importante”, reflexionó Castaneda.
Además, se incluyeron en ese pliego de reformas otras sanciones como que el funcionario sancionado no pueda participar en elecciones de segundo grado ni tampoco en comicios para cargos de elección popular.
“Pero tenemos en la práctica que ciertos sujetos públicos que han sido sancionados han sido reelectos en la Asamblea Legislativa”, lamentó Castaneda.
En el último periodo el TEG ha logrado imponer sanciones a 23 servidores públicos, de un total de alrededor de 500 procesos, pero se topan con que los avisos en su mayoría son anónimos y la información llega incompleta.