El presidente de Fecoatrans Inversiones y Negocios, Catalino Miranda, aseguró que el sector transporte tuvo que pagar $10 millones en extorsiones a las pandillas, a pesar de la emergencia por la pandemia del COVID-19 que se prolongó por seis meses de este año que está por finalizar.
Y aunque el monto de las extorsiones fue menor al registrado en años anteriores, entre 12 y 14 millones de dólares anuales, las extorsiones exigidas por las pandillas no cesaron pese a la sequía que produjo en el sector la pandemia del COVID-19, según Miranda.
Aseguró que aún cuando el servicio de transporte estuvo inactivo por seis meses, que fue lo que duró el encierro obligatorio por la pandemia, las pandillas no dejaron de exigir las extorsiones.
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“Siempre estuvieron pidiendo bonos, retroactivo, aguinaldo; se han convertido en un Ministerio de Hacienda en pequeño”, comparó el transportista.
Según Miranda, el monto “ha bajado, podría ser por el tiempo que no se trabajó, o podría ser que pidieron retroactivamente las bandas criminales de extorsión”.
Señaló que a las pérdidas económicas sufridas este año por las extorsiones, se sumaron los asesinatos de nueve empleados, entre motoristas y cobradores, registrados en 2020.
Fecoatrans reconoce sin embargo una baja en la cifra de trabajadores asesinados con respecto a 2019 en el que hubo 14.
Pero lo que más resiente Miranda es que los transportistas perdieron unos $300 millones a raíz del confinamiento obligatorio declarado por el gobierno por la pandemia.
“En el área económica ha sido demasiada desastrosa, de 600 millones de dólares que el sector recolecta, hemos perdido el cincuenta por ciento que no se pudo recolectar. Perdimos el cincuenta por ciento de empleados que estamos recuperando poco a poco”, dijo Miranda.
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Explicó que esos $300 millones que se perdieron por efecto del COVID-19 no fueron en utilidades sino del movimiento para el cumplimiento de las responsabilidades operativas que tiene el sector transporte.
El transporte público fue una de las actividades económicas que continuaron con sus operaciones al inicio de la cuarentena domiciliar obligatoria, el 21 de marzo pasado.
Pero el servicio era prestado solo por el cincuenta por ciento de las unidades de cada ruta y las medidas de bioseguridad eran extremas para garantizar la salud de los pasajeros.
Sin embargo, un mes y medio después, el 7 de mayo, el presidente Nayib Bukele suspendía el servicio de transporte público como parte de las medidas restrictivas con que se buscaba frenar el COVID-19.
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Bukele dijo en esa ocasión que las empresas tenían que asumir la responsabilidad de trasladar a su personal y que el gobierno garantizaría el transporte del personal de Salud y de Obras Públicas, que eran de los trabajadores de primera línea.
Pese al servicio prestado y de que el gobierno dispuso de fondos, en julio pasado, los transportista del personal de Salud y de Obras Públicas denunciaron que el gobierno les debía dos meses del servicio, por lo que si no recibían el pago no podían seguir con esa prestación dados los costos de operación.
Entre 800 y 1,000 autobuses y microbuses del transporte colectivo, sirvieron para trasladar al personal del MOP y de Salud en distintos horarios de atención. Hasta ese momento la deuda alcanzaba entre un millón y dos millones de dólares, según algunos transportistas.