Los registros de la Fiscalía General detallan que 1,291 personas murieron entre enero y el 21 de diciembre de 2020 a raíz de la violencia que azota a El Salvador.
La cifra anterior refleja que, en promedio, cuatro salvadoreños fueron asesinados por día.
Sin embargo, las autoridades fiscales apuntan una reducción de los homicidios en el orden del 45 por ciento con respecto al mismo período del año pasado en el que se contabilizaban 2,368 muertes violentas.
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El comportamiento de la violencia criminal en los dos primeros meses del año, enero y febrero, se emparejó, es decir, que 122 personas fueron asesinadas en cada uno de esos dos meses.
Para marzo, la situación cambió de manera radical, ya que las autoridades reportaron 68 crímenes.
La mayoría de analistas en el tema de seguridad ciudadana atribuyeron esa drástica disminución al encierro domiciliar impuesto por el gobierno a raíz de la emergencia del COVID-19 a partir del 21 de marzo pasado.
Pese al confinamiento, para abril la violencia se desbordó. En los 30 días de este mes se registró 146 homicidios, siendo los últimos cinco días en los que se cometió más muertes violentas. Solo en ese período hubo no menos de 80 homicidios, en el que el promedio alcanzó los 19 asesinatos por día.
Para mayo, la violencia volvió a bajar de manera drástica. En los 31 días de este mes se produjo 66 muertes violentas.
Sin embargo, a partir de junio comenzó un crecimiento significativo de hechos criminales. En junio se reportó 72 homicidios, al mes siguiente (en julio) se registró 116 y en agosto hubo 125 casos.
Otro significativo aumento se produjo en septiembre en el que 132 personas murieron a raíz de la violencia criminal.
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Al mes siguiente, en octubre, volvió a registrarse un repunte de homicidios. Se contabilizó 155 asesinatos, convirtiéndose hasta el momento en el mes con mayor cantidad de asesinatos en este año.
Para noviembre y en lo que va de diciembre, el comportamiento estadístico de la violencia ha tenido una baja significativa.
Del universo de muertes violentas registradas por la Policía en lo que va del año, el 30 por ciento de las víctimas de la violencia criminal se localizó en el departamento de San Salvador. Le siguen los departamentos de Santa Ana, San Miguel, Sonsonate y Ahuachapán en cuanto a cantidad de hechos.
Ataca a las autoridades
La delincuencia también ha atentado contra los agentes de la seguridad pública. En el transcurso de este año fueron asesinados 12 policías, la mayoría cuando estaba en sus días libres. Tres de esos policías fueron asesinados en julio en el departamento de Sonsonate.
El 4 de julio pasado, el agente José Faustino López Segura fue asesinado por pandilleros.
El ataque ocurrió cuando López Segura le cambiaba una llanta ponchada a su vehículo en la carretera a Sonsonate, específicamente en la jurisdicción de Armenia.
López Segura estaba destacado en la División de Protección a Personalidades Importantes (PPI).
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Un día antes habían acribillado a balazos al policía Milton Adonais Pacheco Rodríguez en el cantón Los Mangos de Nahuizalco, Sonsonate.
Dieciséis días después, el 20 de julio, el sargento de la Policía, David Guillermo Castro Morales, fue acribillado a balazos en el desvío al cantón Los Lagartos de Izalco, sobre la carretera a Sonsonate.
A la muerte de los 12 policías se les sumó la de tres miembros de la Fuerza Armada que fueron asesinados en distintas circunstancias en el transcurso de este año.
También se vivieron no menos de tres jornadas violentas, las que para algunos analistas, dejaron duda respecto a la efectividad del plan Control Territorial en la reducción de los homicidios.
Entre el 10 y 12 de enero hubo un repunte de la violencia que dejó cerca de 25 personas asesinadas.
En plena cuarentena domiciliar obligatoria por la pandemia del COVID-19 se registró la peor ola de asesinatos de este año.
Entre el 25 y el 29 de abril hubo no menos de 80 asesinatos, para un promedio de 19 casos por día. La mayoría de los crímenes fueron atribuidos a las pandillas.
La justificación del gobierno para el recrudecimiento de la violencia fue que las fuerzas de seguridad estaban empeñadas en atender la emergencia del coronavirus.
¿Un frágil plan Control Territorial?
La noche del 11 de octubre pasado, seis hombres que estaban en una cervecería fueron masacrados por hombres con apariencia de pandilleros.
El negocio está situado en la calle El Tamarindo y la 24a. Avenida Norte, cerca del mercado La Tiendona.
Además del propietario del negocio, fueron acribillados a balazos dos mecánicos, un panadero y dos más a los que no se les pudo establecer su oficio. Una de las víctimas fue identificada como Carlos Armando Ramos, de 22 años, quien trabajaba en una chatarrera de la zona.
En la zona donde se cometió esta matanza están instalados puestos policiales y militares. Cerca de la cervecería de la masacre está el cuartel central de la Fuerza Naval, del Comando de Apoyo Logístico de la Fuerza Armada (CALFA) y de la Maestranza de la Fuerza Armada.
También se encuentran las oficinas de la Unidad de Educación Vial de la División de Tránsito Terrestre de la Policía y las bartolinas policiales conocido como El Penalito, donde existe bastante presencia policial.
Hay otras instalaciones policiales que tienen poco tiempo de haber sido habilitadas en el edificio donde funcionaba un hotel situado en la calle Concepción. Aunque esta sede policial no tiene distintivos policiales, está pintado de azul y blanco.
La masacre todavía sigue en la impunidad. Por el momento no hay detenidos como responsables de la matanza. Esa noche, la Policía capturó a un supuesto pandillero como sospechoso del hecho, pero días después fue dejado en libertad por orden de la Fiscalía porque no habían evidencias claras en su contra, además la misma Policía no lo remitió como sospechoso de la matanza sino solo por resistencia.
Las seis personas asesinadas en el bar se sumaron a otras once víctimas de la violencia criminal que se registró ese mismo día en el país.
El logro que el gobierno le atribuía al plan Control Territorial de haber reducido los homicidios quedó en duda luego de que el periódico digital El Faro publicara en septiembre pasado que el gobierno de Nayib Bukele tenía un año de estar en negociaciones con la Mara Salvatrucha (MS).
Estas supuestas negociaciones están sustentadas en documentos oficiales del gobierno que datan desde junio de 2019, según el referido periódico.
Durante esos meses, funcionarios del gobierno y cabecillas de la MS encarcelados pactaron la reducción de los homicidios a cambio de beneficios carcelarios y apoyo electoral para el partido Nuevas Ideas en las elecciones legislativas y municipales del 28 de febrero próximo.
Bukele desmintió a través de su cuenta de Twitter que hubiera negociaciones con las pandillas.
