Sube a 425 cifra de reos muertos bajo régimen de excepción

En los 40 meses de vigencia del régimen de excepción, al menos 425 personas han muerto mientras estaban bajo la responsabilidad de la Dirección General de Centros Penales (DGCP), según los registros de Socorro Jurídico Humanitario (SJH), una organización salvadoreña que ha denunciado violaciones de derechos humanos y del debido proceso a personas capturadas arbitrariamente bajo el decreto que ha sido prorrogado 39 veces.

“Lamentamos informar que la cifra de muertes en #CentrosPenales sube a 425. Personas procesadas -no condenadas- que murieron sin derecho a una segunda audiencia. La última muerte se reportó procedente del SECTOR 6 de el penal La Esperanza (Mariona), se trataba de un joven procesado por delito común: no pudo justificar con factura $900 dólares que traía de Guatemala: lápiz de labios, rubores, sombras, productos de belleza en general, sólo llevaba recibo, por eso lo dejaron detenido”, informó el SJH, en la red X (Antes Twitter), el pasado 7 de julio.

Ingrid Escobar, dirigente del SJH, quien está en el exilio debido a amenazas de ser capturada por ser una de las voces más reconocidas que exigen justicia para las personas inocentes encarceladas por el régimen de excepción, explicó a El Diario de Hoy, que tres de esos 425 muertos estaban encarcelados en el sector 6 del Centro Penal de Mariona y la mayoría, del centro penal de Izalco, en Sonsonate.

Como ha sucedido en muchos casos documentados por diferentes medios de comunicación, en el último caso reportado el Instituto de Medicina Legal (IML) indica la misa causa de muerte: “En el reporte que le han entregado a la familia tiene como diagnóstico ‘edema pulmonar’, su muerte se dio a los 44 días de su captura, todo apunta que los custodios lo torturaron y negaron tratamiento médico”, añade el tuit.

En el mismo se menciona que la cifra de muertos bajo la tutela del Estado, por estar en prisiones, podría superar los mil casos, “pero se tiene información que se quieren ocultar en los juicios masivos”, advierte la organización de derechos humanos.

El Socorro Jurídico Humanitario también asegura que 94 de cada 100 personas que murieron en prisiones no habían sido perfiladas como miembros de pandillas, es decir, que fueron capturadas de manera arbitraria por las fuerzas de seguridad del Estado, en el marco del régimen de excepción.

¿Miedo a reportar sus muertos?

En entrevista al respecto con El Diario de Hoy, la directora del SJH también advirtió que el registro que su organización lleva podría quedarse corto, pues hay familias que no reportan o no informan de sus muertos por temor a represalias de parte del gobierno.

“Importante señalar que nos hemos dado cuenta que hay muchas familias que, debido al miedo o la política de terror del gobierno de Bukele, no están reportando sus muertos”, dijo la defensora de derechos humanos.

Escobar detalló que el 38% de los muertos registrados por su organización presentan signos de violencia.“Es decir que son homicidios”, puntualizó, mientras que otro 30% ha sido registrado que murió por “por negación de tratamiento médico”, es decir, que el Estado no les proveyó medicinas para sus enfermedades o no fueron trasladados a tiempo a hospitales para recibir atención médica.

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“Por inferencia los demás podrían ser cualquiera de las dos causas, pero no prueba, no tenemos claridad en la causa de muerte”, afirmó la defensora de derechos humanos, exiliada por temor a ser capturada y morir en prisión por no tener el tratamiento adecuado para su enfermedad, un cáncer detectado pocos días antes de que saliera del país.

Para Escobar, además de que hay familiares que no reportan sus muertos en cárceles, la situación se agrava porque todas esas muertes en los centros penales  no aparecen registradas en ningún sitio oficial del gobierno. “Es como que si esas vidas que se pierden en el sistema penitenciario no le importan al gobierno, no valen nada para el gobierno, no tienen derechos humanos”, reclamó Escobar.

El gobierno salvadoreño, por su parte, lleva más de 39 meses callando cualquier señalamiento hecho por organizaciones activistas de derechos humanos o por las mismas familias que, en pocos casos, se han atrevido a denunciar públicamente que los cadáveres de sus parientes muestran fracturas y heridas y que fueron asesinados en las cárceles de Bukele.

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