La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) denunció que en El Salvador “las libertades de expresión y de prensa están enfrentando los peligros más graves de las últimas décadas”.
En su informe semestral, el foro continental señala que estas libertades se han visto amenazadas y vulneradas con hechos sin precedentes como la irrupción de tropas en la Asamblea Legislativa, encabezada por el presidente Nayib Bukele el 9 de febrero.
“Existe un régimen autocrático al que le estorban leyes y críticas y que desacredita e intimida a opositores”, denuncia.
Además la SIP señala que troles de origen oficialista se utilizan para acosar, descreditar y amenazar a periodistas, mientras que los medios enfrentan el creciente bloqueo al acceso de la información pública en diferentes instituciones de gobierno.
Como ejemplos de acoso cibernético cita el caso de La Prensa Gráfica, que sufrió la clonación de su sitio en dos ocasiones, y el medio digital de investigación Factum, que denunció el hackeo de sus servidores y un ataque DDOS que impidió el acceso al sitio.
Una resolución de la SIP sobre la pandemia de COVID-19 incluye a El Salvador entre los países cuyos gobiernos, “al declarar estados de excepción para combatir la propagación de la pandemia, han impuesto restricciones a la movilización de periodistas, contraviniendo principios constitucionales sobre libertad de prensa”.
Mientras tanto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, un organismo autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA), llamó a los gobiernos del continente a garantizar el trabajo de los defensores de los derechos humanos y de los periodistas. “Es indispensable que se proteja particularmente la actividad de las y los periodistas y las defensoras y defensores de derechos humanos, a fin de monitorear todas aquellas medidas que se adopten y que conlleven afectación o restricción de derechos humanos”, dice la declaración.
El alto tribunal, con sede en Costa Rica, insta a los gobiernos a cuidar a “cuidar que el uso de la fuerza para implementar las medidas de contención por parte de los funcionarios encargados del cumplimiento de la ley se ajuste a los principios de absoluta necesidad, proporcionalidad y precaución de acuerdo con la jurisprudencia” de esa instancia.
La Corte indica que “las medidas que los Estados adopten para hacer frente a esta pandemia y puedan afectar o restringir el goce y ejercicio de derechos humanos deben ser limitadas temporalmente, legales, ajustadas a los objetivos definidos conforme a criterios científicos, razonables, estrictamente necesarias y proporcionales, y acordes con los demás requisitos desarrollados en el derecho interamericano”.