Los decretos que emita el Gobierno del presidente Nayib Bukele durante la emergencia por el COVID-19 no pueden restringir la libertad de expresión y de prensa en el país, pues son derechos que no pueden ser condicionados por ningún gobierno, expresó el procurador de Derechos Humanos, José Apolonio Tobar.
El funcionario se refirió al Decreto Ejecutivo No. 14 en el ramo del Ministerio de Salud que omitía la circulación de los periodistas y trabajadores de los medios de comunicación durante la cuarenta, al contrario, consideró que no tiene un efecto legal sobre la labor de los medios, pues encima de cualquier decreto está la Constitución que reconoce en su artículo 6 tal garantía. Además, el decreto 594 que restringe algunos derechos no toca este de manera particular. Pese a esto, considera como una situación grave si llega a haber intención de violar la libertad de prensa y expresión en el país, que lesionaría la libertad de la población a estar informad ante esta situación que vive el país, afirmó.
El vigilante de los derechos humanos aseguró a El Diario de Hoy que desde el momento que se dio cuenta que el Decreto Ejecutivo No. 14 no expresaba claramente que los periodistas son parte de las personas que pueden movilizarse libremente por el país durante las medidas extraordinarias de prevención y contención del COVID-19, comenzó a dar seguimiento a esa situación y se pronunció en contra de tal disposición, por ser una clara violación a la libertad de expresión.
“Ante casos como los anteriores y debido al Decreto 14, que ha establecido un listado de personas que pueden circular por el territorio nacional, esa disposición no contiene claramente a los periodistas y empleados de los diferentes medios de comunicación y eso es preocupante”, afirmó el funcionario.
Sin embargo, recalcó que la libertad de expresión no está amenazada en cuanto su garantía pesa más que cualquier decreto del Ejecutivo.
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El funcionario subrayó que en este momentos de emergencia el trabajo de los periodistas se vuelve vital y de suma importancia para la sociedad salvadoreña, “porque es la población la que requiere de información veraz y oportuna, y es solo la pueden obtener de los medios de prensa, que a diario publican diferentes denuncias de la población”.
En el mismo sentido se había pronunciado la Asociación de Periodistas de El Salvador, APES, al cuestionar la aprobación del decreto del Gobierno que excluía la circulación de los periodistas.
“El Decreto Ejecutivo No. 14 tiene como objetivo regular el flujo de personas que transitan por las calles para prevenir la propagación del #COVID19; sin embargo, no toma en cuenta la labor del gremio de periodistas, por lo cual, exigen modificación”, dijo la APES.
El procurador recordó que no es la primera vez que el Gobierno quiere afectar el trabajo de los periodistas por informar. Por ejemplo, recordó que se han dado diferentes hechos que constituyen afectaciones al trabajo de los periodistas como no permitir preguntas en las conferencias de prensa sobre los centros de contención. Además, destacó que soldados y policías han destruido material informativo de comunicadores y han obligado a los periodistas a borrar videos y fotografías de coberturas informativas; y reiteró que el personal de la Secretaria de Prensa de la Presidencia ha incluso entorpecido el acceso de algunos medios a conferencias de prensa.
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También, dijo, ha conocido de diferentes situaciones que han vivido mujeres periodistas que se encuentran en los centros de contención instalados por el Gobierno guardando período de cuarentena por haber viajado al exterior.
El defensor de los derechos humanos añadió que estará vigilante de la actuación del Gobierno y de los servidores públicos.
Al final de la tarde de este miércoles el Gobierno emitió un nuevo decreto, el No. 15, donde deja establecida la circulación de periodistas únicamente en el país portando su carné.