Sindicalistas aglutinados en la Unión Nacional para la Defensa de la Clase Trabajadora (UNT), junto al Movimiento para la Defensa de los Derechos de la Clase Trabajadora (MDCT) presentaron ante el Tribunal de Servicio Civil demandas or los despidos de 12 directivos sindicales de la Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (CONAMYPE), el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU) y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH).
Los afectados manifestaron su rechazo a las medidas implementadas por el gobierno de Nayib Bukele, que a su juicio, carga en los trabajadores la salida de la crisis fiscal por la que atraviesa el país, "mientras se protege a otros grupos de interés político- económico".
Frente a la situación de despidos de directivos sindicales, bajo "el disfraz de supresión de plazas", expresan, se está incumpliendo la norma constitucional así como las medidas de protección establecidas por la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
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"¿Por qué estas administraciones no quieren sindicalista en las instituciones? porque precisamente hay toda una clara intención de manejar a los trabajadores con explotación, con opresión", expuso Sonia Veñerta, de la UNT.
"Hay una violación en cuanto a las medidas de despidos que se fundamentó con la nulidad de plazas y con la Ley de Salarios del 2025, se les aplicó (a los despedidos) una ley que todavía no estaba vigente y por tanto estos despidos son ilegales y arbitrarios", dijo por su parte Héctor Rodríguez.
Erick Zelaya, Secretario General de UNT opinó que en El Salvador la libertad sindical está en peligro de extinción.
"El Salvador ha ratificado, en el 2009, cuatro convenios que permiten la libertad sindical en el sector público: el convenio 87, convenio 98, el 135 y el 151 de la OIT. Habría que hacerse la pregunta si estamos realmente en un gobierno democrático o estamos en una dictadura", expresó.
Más de 20,000 despedidos
Para Viñerta, medidas como estas viene a provocar grandes daños en la vida de los trabajadores despedidos y sus grupos familiares, así mismo manifestó que a la fecha se contabilizan más de 20,000 despidos de mujeres y hombres empleados de las instituciones del Estado.
"Esa pérdida de la calidad de vida es un retroceso en los derechos sociales", apuntó.
Las organizaciones señalan además que esta política de despidos también viene a afectar la calidad de los servicios públicos de Salud y Educación, entre otros.
"La atención a la población en los distintos programas de las carteras de Estado de donde se ha suprimido toda esta gente enfrentan una desmejora en los servicios", apuntó Viñerta.
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Para las organizaciones es preocupante también la falta de política públicas que den cobertura a las mujeres que han perdido su autonomía económica al encontrarse en una situación de desempleo.
Lanzan campaña por la libertad sindical
El viernes la UNT lanzó una campaña de carácter permanente por la libertad sindical. Zelaya destacó que la presentación de demandas ante el Tribunal del Servicio Civil es la primera de varias acciones que se desarrollarán.
Las demandas representan a 12 dirigentes sindicales, explicó, no obstante la UNT expuso que son 450 líderes sindicales los que han sido despedidos por el gobierno en el último año y bajo diferentes figuras.
Para el próximo mes proyectan presentar los avisos ante la Organización Internacional del Trabajo.
"Estamos planificando visitar la sede de la ONU en Ginebra para presentar estas demandas. No vamos a descansar hasta haber reivindicado nuestros derechos porque nos resistimos a vivir en una dictadura", apuntó Zelaya.