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Ocho de cada diez hogares salvadoreños cuentan con acceso al agua por cañería, según la Encuesta de Propósitos Múltiples 2024.

El 81 % de hogares tiene agua por cañería: ANDA busca formalizar servicio a 900 familias

Aunque más de 379,000 hogares en El Salvador aún dependen de fuentes no seguras de agua, una jornada móvil en El Zonte intenta facilitar la legalización del servicio.

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Por Juan Martínez
Publicado el 15 de octubre de 2025

 

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En El Salvador, el 81 % de los hogares tiene acceso a agua por cañería, pero más de 379,000 aún dependen de fuentes informales. Para facilitar la legalización del servicio, ANDA instaló una agencia móvil en El Zonte, La Libertad, donde más de 900 familias podrán entregar documentación, actualizar datos o solicitar conexión formal. Esta estrategia busca ampliar la cobertura y permitir que más hogares accedan a un servicio regular. Según la EHPM 2024, las brechas persisten especialmente en viviendas improvisadas o rurales, donde las familias recurren a pozos, pipas o cañerías de vecinos como fuentes principales de agua.

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En El Salvador, ocho de cada diez hogares están conectados a una red de agua por cañería, pero más de 379,000 personas siguen dependiendo de formas alternativas de abastecimiento, según datos de la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples (EHPM) 2024.

En este contexto, la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) realizó una jornada móvil de registro en el cantón El Zonte, en La Libertad, con el propósito de facilitar la legalización del servicio a más de 900 familias del sector.

El acceso formal al agua, además de permitir una conexión legal y segura, también brinda a los hogares la posibilidad de gestionar el servicio directamente ante la institución responsable, algo que no ocurre cuando se depende de terceros o de sistemas comunitarios.

En zonas urbanas, el acceso al agua por cañería alcanza el 94% de los hogares, mientras que en las zonas rurales llega al 63%.
En zonas urbanas, el acceso al agua por cañería alcanza el 94% de los hogares, mientras que en las zonas rurales llega al 63%./Cortesía de la Asamblea Legislativa

Jornada móvil busca facilitar trámites en comunidades costeras

Durante la actividad, el titular de ANDA, Dagoberto Arévalo, explicó que con esta iniciativa se busca acercar los trámites básicos a los habitantes del sector.

“Acá hemos retomado un sistema de agua potable y alcantarillado, el cual tiene más de 900 familias. Esta agencia móvil trae todos los servicios, por ejemplo, para entregar los documentos y ser miembros o usuarios de ANDA, también actualizar documentos o solicitar un nuevo servicio”, señaló.

Entre los trámites habilitados se encuentran la entrega de documentos para nuevos servicios, actualización de datos para legalización, consultas personalizadas y reportes. También se coordinarán jornadas similares en el caserío Julupito y el cantón El Palmar.

La mayoría de familias en esta zona recibía el servicio de agua a través de una Asociación de Desarrollo Comunal (Adesco). Con esta intervención, ANDA asume la operación directa del sistema, lo cual requiere que los usuarios regularicen su situación para formar parte de la red oficial de distribución.

“Lo que buscamos es que las personas que tengan el servicio de agua potable y saneamiento de ANDA lo tengan de una manera legal y formal, para eso son estas campañas”, indicó Arévalo durante la jornada.

medidor de agua administrad por ANDA
El 80% de las viviendas salvadoreñas dispone actualmente de servicio de agua por cañería, frente al 75% registrado en 2022./Archivo EDH

¿Cómo se compara esto con el acceso a nivel nacional?

La EHPM 2024 estima que hay 2,006,110 hogares en el país. De estos, 1,627,099 están conectados al servicio de agua por cañería, lo que representa el 81 %.

El resto —379,011 hogares— se abastece a través de medios no convencionales o informales. Algunos lo hacen desde la cañería de un vecino (129,981 casos), pila o chorro público (39,070), pipas o camiones (32,453), o por medio de pozos con tubería, protegidos o no protegidos. También se registran casos de recolección de agua lluvia (17,168) y uso de ríos, quebradas o manantiales.

Estas cifras reflejan que, aunque existe una amplia cobertura a nivel nacional, aún persisten brechas importantes, especialmente en zonas rurales o de difícil acceso, donde los sistemas comunitarios o improvisados siguen siendo la única fuente disponible.

¿Qué implica formalizar el servicio?

La legalización del servicio de agua potable significa que el usuario pasa a estar registrado oficialmente ante ANDA. Para lograrlo, las familias deben presentar su Documento Único de Identidad (DUI), Número de Identificación Tributaria (NIT) y una carta jurada que confirme que se trata de una vivienda particular.

Según explicó Arévalo, esta regularización no solo permite asegurar la calidad del servicio, sino también garantizar su continuidad y poder realizar trámites como pagos, reportes de fallas o cambios de titularidad sin intermediarios.

La agencia móvil busca precisamente facilitar estos procesos, evitando que los habitantes deban trasladarse largas distancias hasta las oficinas principales.

Suspensión de servicio de agua.
Ocho de cada diez hogares salvadoreños cuentan con acceso al agua por cañería, según la Encuesta de Propósitos Múltiples 2024./ Freepik

¿Qué tipo de viviendas tienen más dificultades?

El informe también muestra que el tipo de vivienda influye en el acceso al agua potable. Mientras que el 81 % de las casas independientes tienen acceso por cañería, en viviendas como piezas de mesón, ranchos o estructuras improvisadas, esta proporción disminuye considerablemente.

Por ejemplo, en viviendas clasificadas como improvisadas, menos de la mitad (4,146 de 8,481) tienen acceso a agua por cañería. En ranchos, solo 62 hogares están conectados. Estas condiciones suelen estar relacionadas con informalidad en la tenencia de la propiedad o con la ausencia de infraestructura en las zonas donde se ubican.

¿Qué sigue después de esta jornada?

Si bien esta es la primera jornada móvil reportada en El Zonte, ANDA ha señalado que se continuarán esfuerzos similares en otras comunidades cercanas. La meta es que más familias puedan acceder al sistema formal de distribución, con documentos al día y servicios registrados.

Para las más de 379,000 familias que siguen fuera del sistema oficial, este tipo de iniciativas representa una opción para pasar de un abastecimiento incierto a un servicio estructurado, siempre y cuando se cumplan los requisitos establecidos y se coordine con las comunidades.

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