Cuatro fiscales y dos empleados administrativos de la Fiscalía General de la República que sirvieron de testigos criteriados (con beneficios penales) en el caso Corruptela, pero que en junio renunciaron a esa calidad, comparecen este jueves en la audiencia inicial en el Juzgado Séptimo de Paz.
El Ministerio Público ha pedido que los fiscales (dos jefes de unidad y dos auxiliares) y los otros dos imputados sean procesados en libertad con medidas y cada uno pague una fianza de $10,000. La defensa ha solicitado la nulidad del proceso por considerar que han habido vicios en la investigación.
Los fiscales acusados por omisión de la investigación, falsedad documental agravada, falsedad ideológica y privación de libertad por funcionario o empleado público son Carolina Nóchez, Yesenia Ayala, Marta Colindres y Mauricio Aguilar. A los trabajadores administrativos Damián Cabrera y Giovanni Gutiérrez se les imputa el delito de peculado por $426,000.
El caso Corruptela, en el que se procesa a más de 30 personas, destapó una red de corrupción que operó en la Fiscalía General cuando estuvo al frente el exfiscal general Luis Martínez, entre 2012 y 2015. Desde diciembre, él purga cinco años de prisión por el delito de divulgación de material reservado.