Cuatro fiscales y dos empleados administrativos de la Fiscalía General de la República que sirvieron de testigos criteriados (con beneficios penales) en el caso Corruptela, pero que en junio renunciaron a esa calidad, comparecieron el miércoles en la audiencia inicial en el Juzgado Noveno de Paz.
El Ministerio Público pidió a la jueza que los imputados sean procesados en libertad con medidas y cada uno pague una fianza de $10,000. La defensa solicitó la nulidad del proceso por considerar que hubo vicios en la investigación.
Los fiscales acusados por omisión de la investigación, falsedad documental agravada, falsedad ideológica y privación de libertad por funcionario o empleado público son Carolina Nóchez, Yesenia Ayala, Marta Colindres y Mauricio Aguilar. A los trabajadores administrativos Damián Cabrera y Giovanni Gutiérrez se les imputa el delito de peculado por $426,000.
El caso Corruptela, en el que se procesa a más de 30 personas, destapó una red de corrupción que operó en la Fiscalía General cuando estuvo al frente el exfiscal general Luis Martínez, entre 2012 y 2015. Desde diciembre, él purga cinco años de prisión por el delito de divulgación de material reservado.
Las investigaciones señalan que el exfuncionario habría recibido $1.5 millones (en efectivo y dádivas) para no investigar por distintos casos al expresidente de la República, Mauricio Funes, y al empresario Enrique Rais. Ambos son prófugos.
Los fiscales explicaron que hay suficientes indicios de que los seis empleados habrían participado en hechos delictivos y actuaron de forma parcial para favorecer intereses particulares (en referencia a Rais) en la administración de Martínez.
“En algunos casos donde existían personas en controversias o enemistad con estos intereses particulares, estas personas (las acusadas) iniciaron acciones para privar de libertad a aquellos adversarios de estos intereses que estaban en un acuerdo con el exfiscal general”, manifestó un fiscal.
Una de varias órdenes de detención ilegales emitidas por los fiscales fue contra el exabogado de Rais, Mario Calderón. En 2014, él fue procesado por extorsión, luego de que Rais denunciara que junto a sus exsocios, los empresarios canadienses Matteo Pasquale y Franco Paccetti, le exigieron $25,000,000. Dos años después, un a jueza de sentencia lo absolvió por falta de pruebas.
Los empleados administrativos son señalados de avalar consultorías ficticias que no generaron provecho a la Fiscalía. Pese a eso, funcionarios y una docena de personas que participaron en ellas recibieron elevadas sumas de dinero.
La defensa aseguró que la investigación es ilegal porque, en la administración del exfiscal general Douglas Meléndez, los imputados fueron amenazados y torturados para que se autoinculparan o serían arrestados y procesados. El abogado Alirio Ayala criticó que la Fiscalía les asignó a sus clientes un defensor particular, cuyos honorarios los pagó la institución.
Ayala alegó que sus clientes se apegaban a las cadenas de mando y sostuvo que no se ha probado que ellos hubieran pactado con sus superiores actos ilícitos para beneficiar a personas particulares.
Los fiscales afirman que los empleados públicos no deben seguir directrices que riñan con la ley.
La resolución de la jueza se sabrá el lunes, a las a las 10:00 de la mañana.