La Sala de lo Constitucional ordenó este viernes 15 de enero al presidente Nayib Bukele, mandar a publicar al Diario Oficial la “Ley Especial Transitoria para Contener la Pandemia por la Enfermedad COVID-19”, y para dicho efecto le otorga un plazo de 15 días, de no hacerlo, manda a la Asamblea a que lo publique en el Diario Oficial para que sea ley de la República.
“Infórmese al Presidente de la República que, a raíz de la presunción, la sanción al Decreto No.757 se tiene por producida, de manera que se encuentra dentro del plazo de los 15 días hábiles que establece el artículo 139 de la Constitución para mandarlo a publicar, mismo que precluye el 22 de enero de 2021. Si no lo hiciere, entonces deberá hacerlo el Presidente de la Asamblea Legislativa en el Diario Oficial o en cualquier otro diario de mayor circulación de la República”, dice la resolución de la Sala.
Bukele fundamenta que no fue escuchado por los magistrados del máximo tribunal para defender su veto a la normativa; sin embargo, la Sala explica que “en el sentido de mandar a oír al Presidente de la República y a la Asamblea Legislativa, es frente a la admisión de la controversia”, situación que no se dio.
Además, Bukele manifiesta que, si los magistrados le hubieran dado la oportunidad de sentar su posición, hubiera explicado que parte del contenido del decreto 757 que dio vida a la ley avalada por la Asamblea es “inconstitucional” en lo relativo a “las zonas epidémicas sujetas a control sanitario” que difieren de las regulaciones sobre dicha temática realizadas en el decreto legislativo 661; y al contemplar que la Fuerza Armada no podrá participar en la entrega directa de canastas básicas a la población.
El decreto 661 fue el que los diputados aprobaron el año pasado, meses antes del 757, el cual contenía toda la normativa específica de regulaciones para la apertura económica, sin embargo, también fue vetada por Bukele.
Pero en este caso la Sala resolvió sobre la controversia, aduciendo que la ley no podía implementarse por el desfase de los tiempos, pues había quedado relegada ante el atraso de la Presidencia en vetarla y luego mandarla a que la Sala dirimiera, después de que la Asamblea superó el veto con 56 votos.
La Sala en ese caso resolvió que la ley debía ser adecuada a los tiempos por lo que los diputados diseñaron una nueva normativa, que es la que la Sala ahora resuelve que debe ser ley de la República y entrar en vigencia.
Esta ley obliga al presidente de la República y a los funcionarios públicos a rendir cuentas y transparentar el uso de recursos del Estado orientados para contener la pandemia.