No será tan fácil que Elías Antonio Saca salga este año de la cárcel, como se piensa, porque la responsabilidad civil impuesta de $280 millones es demasiado alta para pagarla y porque no es lo que corresponde en realidad, dijo Mario Machado, su defensor, en una entrevista televisiva.
Para el abogado, lo que jurídicamente quedó establecido es que en concepto de responsabilidad civil, el exmandatario debe pagar $19 millones y no los $280 millones como estableció la Fiscalía General de la República y exige que devuelva al Estado.
Saca fue condenado en 2018 luego de que aceptara someterse a un proceso abreviado y confesara que había sustraído fondos del Estado durante su mandato (2008-2014) aunque no dijo de cuánto dinero se trataba.
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Machado, entrevistado esta mañana en Frente a Frente de TCS, dijo que ese monto millonario lo ven como un inconveniente y un valladar legal. Decir que se le impuso una responsabilidad civil de $280 millones y una pena de 10 años cualquiera diría que es un gran negocio pero no es la realidad, remarcó el abogado.
En el juicio, el exmandatario admitió su delito e incluso que con la asesoría de Irving Tóchez Maravilla, quien está acusado de lavado de dinero y es prófugo, fueron creadas empresas para desviar fondos del Estado que manejaban en la Presidencia y que se benefició de ello, pero no especificó montos.
Machado partió de unas declaraciones del ex-Fiscal General Douglas Meléndez al periódico digital El Faro para sustentar que su defendido no es responsable de la cantidad millonaria que le atribuye, ya que según él, Meléndez admite que de todo el dinero sustraído Saca se benefició de $19 millones pero que solo se podrá recuperar para el Estado alrededor de $40 millones.
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El abogado reveló que durante el proceso de las negociaciones del proceso abreviado llegaron a ofrecerle a la Fiscalía la devolución de entre 35 a 40 millones de dólares, que era la suma de valor de inmuebles, cuentas bancarias y empresas del exmandatario, producto de “fondos mal invertidos”, pero que “lamentablemente se quedaron con el cuento de que había fondos en Dubái y no los hubo”.
Machado sí admitió que su cliente cometió delito contra el Estado y por eso fue condenado. “Sí hay mal manejo, y no es el objetivo con esta entrevista decir que el expresidente Saca es inocente, él expresidente es culpable y está pagando la pena", dijo el abogado.
Añadió que Saca no tiene privilegios dentro de la cárcel, que lo único que goza es que no está mezclado con pandilleros y otros delincuentes comunes, y que la prisión donde está es limpia.
Pero insistió en que la responsabilidad de Saca todo está enmarcado en los $19 millones pero que se le está endilgando los $280 millones mientras otra gente está libre y gozando teniendo responsabilidad en esto. Sin mencionar nombres, dijo que se beneficiaron en la gestión de Saca de sobresueldos y que incluso algunos hicieron un buen negocio porque testificaron contra el exmandatario sin decir nada, por lo que pidió a las autoridades a retomar esta información.
Machado defendió que Saca trabaja dentro de la cárcel y como cualquier otro condenado puede acceder a beneficios como salir de la cárcel una vez se haya cumplido la media pena de diez años que se le impuso y cumpla otros requisitos como la buena conducta, pero de momento tiene el inconveniente de la abultada responsabilidad civil.
De momento, la Fiscalía ha logrado que por vía judicial se le confisque a Saca diferentes inmuebles, empresas radiales y se le inmovilice cuentas bancarias aplicando la Ley de Extinción de Dominio. Todos esos bienes están bajo administración del Estado a través del CONAB.
Junto con Saca fueron condenados en 2018 su exsecretario privado, Elmer Charlaix; César Funes, quien fue presidente de la ANDA, dos gerentes de Casa Presidencial, y Julio Rank, exsecretario de Comunicaciones, quien falleció mientras terminaba de cumplir la pena en su domicilio.