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Corte Suprema admite habeas corpus por arresto de Ruth López, pero Cristosal señala irregularidades
Cristosal advirtió que la resolución de la Sala de lo Constitucional omite pronunciarse sobre las violaciones al debido proceso que rodearon la captura de la abogada, y legitima la aplicación del régimen de excepción a delitos comunes.
Cristosal informó que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) admitió un recurso de habeas corpus (demanda o recurso legal) que fue presentado a favor de Ruth López, jefa de la unidad Anticorrupción en Cristosal, pero omitió ejercer control judicial sobre la detención.
“La Sala de lo Constitucional sostiene que no tienen trascendencia constitucional las graves violaciones al debido proceso que se produjeron durante la captura de Ruth, realizada mediante engaños y trato degradante, sumado a esto posteriormente la abogada fue incomunicada y la vulneración a su derecho a la libertad”, señaló Cristosal a través de un comunicado.
López fue detenida el 18 de mayo por agentes policiales. La abogada permaneció incomunicada durante más de 72 horas y fue presentada ante un juez sin contar con presencia legal en las etapas iniciales del proceso, según denunciaron diversas organizaciones nacionales e internacionales.
En la primera semana de junio, la Fiscalía confirmó en redes sociales que modificó el delito del que acusaba a López: cuando la capturaron dijeron que era por peculado (apropiarse de dinero público), pero tras dos semanas de mantenerla en arresto lo cambiaron a enriquecimiento ilícito.
El recurso de hábeas corpus designa a una jueza ejecutora que intimará a las autoridades responsables; sin embargo, Cristosal sostiene que la resolución “avala la aplicación de los plazos del régimen de excepción a delitos comunes, vulnerando con ello derechos que la Constitución garantiza a todas las personas sin distinción”.
Cristosal también expresó su preocupación porque la Sala haya validado la violación al artículo 13 inciso 2 de la Constitución, el cual establece que la detención administrativa no puede superar las 72 horas y obliga a que la persona detenida sea presentada ante un juez imparcial.
“La Sala, de esta manera, legitima la violación a los derechos establecidos en los artículos 12 inciso 2 y 13 inciso 2, en perjuicio de cualquier persona y en cualquier lugar del territorio, por aplicación del régimen de excepción, prolongado de forma inconstitucional por más de 39 meses”, señala el comunicado.
Cristosal señaló que el caso de Ruth López “representa a miles de personas que han sido detenidas de forma ilegal en El Salvador en los últimos años” y que han visto violentados sus derechos constitucionales bajo el régimen de excepción, vigente desde marzo de 2022.
La organización instó a que la jueza ejecutora y la Sala de lo Constitucional tramiten el proceso de habeas corpus “con objetividad y valorando las graves violaciones al debido proceso que se han producido en el caso de la defensora Ruth López”.
Una de las situaciones más cuestionadas es la imposición de reserva total del caso, lo que violenta su derecho a un juicio público.