Víctor Alonzo Argueta no era un hombre normal. Desde hacía poco más de tres meses habían empeorado aceleradamente sus problemas mentales.
Días antes de que fuera capturado fue visto corriendo desnudo por las calles de Joateca, Morazán. Solía morderse los brazos hasta sacarse sangre y pintarse con ella el rostro, según relata Kerlyn, la mujer con quien había procreado cuatro hijos cuyas edades están entre los dos y 11 años.
Víctor y Kerlyn se habían separado meses antes de que finalizara el 2018 porque él mucho se emborrachaba, asegura ella. “Yo me separé de él para ver si así reflexionaba y dejaba la bebida”, explica la señora.
En otro intento por ayudar a su marido, recurrió al Juzgado de Paz de Joateca, no a denunciarlo sino a pedir ayuda para que Víctor fuera obligado a asistir a algún grupo de ayuda para alcohólicos.
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Kerlyn dice que fue al juzgado por ayuda y aunque no hubo denuncia de parte de ella de ser víctima de violencia intrafamiliar, el juzgado le impuso medidas a Víctor. Una era que no se acercara en estado de ebriedad donde su mujer vivía con sus cuatro hijos.
Para entonces, para los familiares era evidente que Víctor estaba enloqueciendo; hablaba incoherencias y hacía cosas como lanzar objetos al piso. Pero nunca hubo una queja de que hubiese agredido a alguien, aseguran.
El 6 de febrero, Víctor se acercó a Kerlyn a pedirle comida. Ella se la dio, aunque con temor porque andaba ebrio y por sus problemas mentales.
Aparentemente, alguien llamó a los policías de Joateca, quienes al comprobar que había violado las medidas cautelares, lo capturaron. Kerlyn reitera que no hubo violencia hacia ella o sus hijos.
Desde entonces, los padres de Víctor estuvieron viajando desde el cantón Paturla hacia las bartolinas policiales de San Francisco Gotera para pagar semanalmente por dos tiempos de comida y agua.
Pero el domingo anterior la policía de Joateca les hizo llegar información de que Víctor estaba mal de salud.
“Ellos dijeron que estaba muy mal, loco, pues, y que lo iban a sacar para llevarlo al (hospital) Psiquiátrico”. La madre de Víctor fue el lunes para ver si lo iban a trasladar al manicomio. Pero no lo sacaron ese día.
¿Atención tardía?
“Lo sacaron hasta ayer -el martes anterior-. Ya iba casi muerto”, dice Kerlyn mientras enseña unas fotos que muestran a un Víctor esquelético. De tan débil que estaba, el privado de libertad no se podía sostener por sí mismo, dicen familiares.
“Ya no podía ni sostener la cabeza”, indica la mujer, quien afirma que su marido era robusto.
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El 25 de febrero, el subinspector Osmar García Hernández, de la delegación de San Francisco Gotera, departamento de Morazán, solicitó al Juzgado Especializado de Instrucción para una vida libre de violencia y discriminación para la mujer, de San Miguel, que a Víctor se le practicara un chequeo psiquiátrico y, de ser necesario, se le internara en el hospital Psiquiátrico, ya que era evidente su trastorno mental y la Policía no tenía condiciones adecuadas para tener en resguardo a un reo con tales condiciones.
El oficial consignó en la solicitud, que en sus episodios de demencia, Víctor había destruido por completo el inodoro de las bartolinas donde estaba y que por el grado de agresividad, los otros reclusos lo mantenían amarrado.
El 4 de marzo, el mismo juzgado recibió un escrito del defensor público, Jorge Alberto García Argueta, quien manifestaba que el estado de salud de Víctor había empeorado y que, por ello, era urgente hacerle un peritaje psiquiátrico.
Ese mismo 4 de marzo, es decir, ocho días después de haber recibido la solicitud del jefe policial, el juzgado ordenó a la Fiscalía que realizara de manera urgente, las diligencias con Medicina Legal para que a Víctor se le hiciera el peritaje psicológico y, de ser necesario, un peritaje psiquiátrico.
Pero a la vez, en la misma resolución, el juzgado escribió: “… dadas las circunstancias y urgencia de dicha petición, se procedió a coordinar con el Instituto de Medicina Legal para que se realice evaluación psiquiátrica, quienes proporcionaron como fecha para la práctica de la misma, las ocho horas con treinta minutos del día seis de marzo del presente año…”.
Víctor murió en el Hospital Psiquiátrico un día antes de que le realizaran el examen que determinaría que sufría problemas mentales.
En el mismo documento donde el juzgado consigna lo anterior, en el primer párrafo, da una explicación sobre el porqué de su resolución tardía a la petición presentada por García Hernández.
“Se hace constar que la presente se resuelve hasta esta fecha, tal situación obedece a la carga laboral que ostenta esta sede especializada, a la demanda de procesos de violencia intrafamiliar, diligencias de protección y procesos penales, procedentes de los cuatro departamentos que conforman la zona oriental, lo que imposibilitó realizarla en una fecha anterior a la presente;…”, reza el documento.
En el documento que dio el Instituto de Medicina Legal se indica que Víctor murió por edema pulmonar; no obstante, algunos de los familiares consideran que murió por negligencia.
A pesar de sus sospechas, tanto los padres como la mujer de Víctor dicen que no quieren más problemas. “Se lo dejamos todo a Dios, aunque sabemos que él no merecía morir en esas condiciones”, afirman.
Víctor fue sepultado ayer en el cementerio público de Joateca, 200 kilómetros al oriente de San Salvador.