Clément Voule, Relator especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos a la Libertad de Reunión Pacífica y de Asociación, se pronunció este miércoles sobre la intención de la Asamblea de aprobar este día en la plenaria la Ley de Registro de Agentes Extranjeros.
“Estoy recibiendo información sobre un nuevo proyecto de ley de Agentes Extranjeros en El Salvador que busca imponer severas restricciones a las asociaciones. Me pondré en contacto con el Gobierno para plantear mi seria preocupación por el proyecto y ofrecer asistencia técnica”, publicó Voule en su cuenta de Twitter.
Mientras tanto, pide a la Asamblea Legislativa de El Salvador a que se abstenga de aprobar la ley propuesta. Opina que ese tipo de normativas no pueden ser adoptadas en un procedimiento “sumario y sin asegurar la participación significativa del sector de la sociedad civil”.
Para este miércoles se tiene previsto que la Asamblea dominada por los diputados del presidente Nayib Bukele aprueben una ley que ha sido tildada por expertos, abogados y políticos como una “ley confiscatoria, intervencionista y mordaza”, creada no para transparentar los recursos que reciben las ONG y fundaciones sin fines de lucro, sino como una forma de represión a quienes no comulgan con las políticas del gobierno de Bukele.
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La #CIDH y @RELE_CIDH urgen al Estado de #ElSalvador no aprobar el anteproyecto de Ley de Agentes Extranjeros
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— CIDH - IACHR (@CIDH) November 17, 2021
La normativa sufrió modificaciones ayer en la Comisión de Relaciones Exteriores de la Asamblea, al momento en que los diputados oficialistas emitieron dictamen favorable.
Las reformas al proyecto incrementan las sanciones con cárcel de entre 2 a 5 años y se elevan las multas pasando de una propuesta de $10 mil hasta $150 mil.
CIDH externa preocupación
Asimismo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) urgen al Estado salvadoreño a abstenerse de aprobar el anteproyecto de Ley de Agentes Extranjeros, cuya implementación "podría afectar gravemente la labor de personas, organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación que contribuyen a la defensa a los derechos humanos y la libertad de prensa", según expresa un comunicado.
La Comisión y la RELE consideran que, de ser aprobada, la iniciativa podría restringir el funcionamiento legítimo y las actividades de individuos y organizaciones de la sociedad civil que actúan en la defensa de los derechos humanos y el periodismo independiente, quienes en ocasiones reciben recursos de cooperación internacional para su desarrollo. Además, observan que la norma exige, en un lapso corto de tiempo, la observancia de requisitos administrativos y de tributación potencialmente arbitrarios o desproporcionados.