En realidad la Ley de Registro de Agentes Extranjeros que el gobierno pretende aprobar este miércoles en el pleno no busca transparentar las finanzas que vienen desde el exterior para las ONG y fundaciones sin fines de lucro; esa ley tiene claro un “fin político partidario” y reviste un carácter intervencionista, ya que la ambigüedad en su texto deja en libertad al Estado de fiscalizar las remesas que reciben los salvadoreños y llegar incluso a inmiscuirse en las cuentas bancarias de las personas naturales y jurídicas.
Lo anterior es en resumen el análisis que hace la abogada Yanira Escobar sobre el contenido de la ley de Registro de Agentes Extranjeros que será aprobada este miércoles en la Asamblea.
La experta fue entrevistada en el Canal 21 sobre lo que establece la ley. Escobar fue enfática en que el gobierno no quiere transparentar esos fondos, sino intervenir en el dinero que viene desde el extranjero y con el agravante que también es confiscatorio porque aplica el 40% de impuesto a los fondos de la cooperación internacional.
LEER: Ley de Agentes Extranjeros castigará con cárcel a quien “contravenga orden público”
“Esta ley tiene un fin partidario político. El Estado puede fiscalizar los fondos que recibe de remesas, eso es intervencionismo del Estado. Si esto es todavía una democracia esto no se tendría que dar. El Estado podrá llegar a cualquier cuenta bancaria de cualquier persona natural o jurídica, solo digo lo que dice la ley”, explicó Escobar.
Aclaró que el texto de la ley no dice en realidad que el fin último sea la transparencia de los recursos que vienen del extranjero, para el caso, ejemplificó que solo tiene tres considerandos que son incongruentes entre sí.
El gobierno hace creer que solo será para regular a las ONG, pero en sí la normativa podrá aplicarse a toda persona natural o jurídica, sean asociaciones o no, iglesias, fundaciones, así como toda persona natural o cualquier comerciante individual.
Observó que hay aspectos en la ley que son contrarios, citó por ejemplo, que se le da al Ministro de Gobernación atribuciones más allá de lo que la ley le permite, como cancelar a ONG que no llenen los requisitos y se le otorga la capacidad de fiscalizar, cuando para eso ya existen otras entidades como la Corte de Cuentas y el mismo Ministerio de Hacienda que se presume, es quien ya debería estar realizando esas auditorías.
“En este caso dice la ley que han dejado una solución que sea el ministro de Gobernación que diga cuáles son los requisitos (para inscribirse en el Registro de Agentes Extranjeros) y dice la ley que sino llenan esos requisitos entonces pueden ser canceladas (asociaciones, fundaciones y ONG), eso se llama intervención”, mencionó Escobar.
Según Escobar esta ley fue diseñada para contrarrestar el anuncio del gobierno de Estados Unidos que dijo que apoyaría a las organizaciones que trabajan por la democracia en El Salvador. “Esta ley tiene un fin partidario político, no es por transparencia”, apuntó.
En el mismo espacio de la entrevista estuvo también la jefa jurídica de Estado de Derecho y Seguridad de Cristosal, Zaira Navas, refiriéndose al tema de la ley. Esa entidad ha sido una de las señaladas por la bancada oficialista de Nuevas Ideas de recibir fondos del extranjero para supuestamente desestabilizar al gobierno o buscar revertir el orden público.
“La pregunta es: ¿qué desórdenes hacemos nosotros? Tenemos años de trabajar por personas víctimas del desplazamiento forzado y de personas que han emigrado y retornado en el país, que trabaja por la justicia de las víctimas de El Mozote y de la guerra, que trabaja por la justicia de casos graves de violaciones a derechos humanos, ejecución de personas, detenciones, desapariciones y arbitrariedades”, argumentó Navas.
TAMBIÉN: Miguel Vivanco: La ley de Agentes Extranjeros restringe derecho a libre expresión
Todos aspectos que, según Navas, no son atendidos por el Estado. Además, los fondos que recibe Cristosal tributan a Hacienda, están controlados por la ley de Asociaciones sin Fines de Lucro del Ministerio de Gobernación, por el Ministerio de Trabajo, argumentó.
“Esta ley no busca regular el orden público, busca limitar la contraloría social hacia el Estado salvadoreño, por eso insisto ¿qué implica desorden público? Subvertir el orden público es otra cosa”, alegó Navas.
Para la experta la democracia de eso se trata de que todo lo que haga el gobierno debe estar bajo la lupa de la contraloría social, que el ejercicio de la democracia consiste en que existan personas que opinen diferente y los gobiernos tienen deberes que cumplir como el derecho a la libre reunión, de asociación, que serían una serie de garantías constitucionales que la nueva ley estaría violentando.
“Ni Cristosal ni ninguna organización que trabaje por derechos humanos tiene fines políticos partidarios frente a cualquier gobierno y frente a cualquier Estado”, argumentó.
Qué pasará cuando el gobierno vaya eliminando poco a poco a las organizaciones que atienden las demandas de la población que el Estado no puede suplir, se pregunta la experta.
“El gobierno ¿qué programas tiene para personas desplazadas por la violencia social? para quienes retornan al país, para personas desaparecidas, ¿quién sustituirá ese trabajo cuando progresivamente vayan eliminando a las organizaciones de la sociedad civil?”, se pregunta Navas.