El joven Anderson Stanley Argueta Rivera fue liberado la tarde del jueves, dos días después que el Socorro Jurídico Humanitario presentó una denuncia ante la Fiscalía contra las autoridades de Centros Paneles por no liberarlo.
El 25 de febrero pasado el Tribunal Cuatro contra el Crimen Organizado, Juez 2, giró la orden de libertad a favor de Argueta Rivera, tomando en cuenta su condición de salud.
“Agradecemos su liberación, a los medios de comunicación que visualizaron su caso, al Tribunal y a la Fiscalía por hacer lo correcto. Gracias a Dios salió estable”, manifestó Ingrid Escobar, directora del Socorro Jurídico.
Entre las medidas ordenadas por el tribunal están no cambiar de domicilio, no salir del país, no comunicarse con personas vinculadas al proceso y con actividades pandilleriles y de forma obligatoria presentarse a firmar cada 15 días al juzgado.
El caso de Anderson Argueta es uno de los cuatro casos que esa organización presentó en enero de este año para ser evaluado por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de las Naciones Unidas.
“Hasta el momento de los cuatro casos presentados, dos han sido liberados bajo medidas alternas a la prisión, nosotros seguimos informando al Grupo de los cuatro casos”, explicó Escobar.
La directora del Socorro Jurídico, Ingrid Escobar, expuso que aunque el Grupo de la ONU sólo está evaluando cuatro casos, en total han presentado 105 denuncias de capturas arbitrarias relacionadas a 160 personas encarceladas.
DE INTERÉS: ONU evaluará cuatro casos de denuncias de arbitrariedades en El Salvador
Anderson fue capturado el 15 de mayo de 2022 en San Bartolo, cuando regresaba de un viaje a Costa Rica, donde había participado en un congreso regional como defensor de los derechos de las personas VIH positivo.
La familia niega que el joven tenga vínculos con grupos pandilleriles como lo señalan las autoridades.
"Él trabajaba conmigo en la panadería y andaba con la ONG de defensores de derechos con otros jóvenes con VIH, tenía varios diplomas porque le gustaba estudiar", dijo Nelly Rivera, madre de Anderson.
La lucha de la señora por la libertad de su hijo la llevó a recorrer hospitales, los juzgados, oficinas gubernamentales y buscar ayuda en organizaciones sociales.
Es así como el Socorro Jurídico Humanitario denunció el 16 de octubre de 2024 su preocupación por la situación de salud del joven, debido a que desde agosto del año anterior (2023) no había sido llevado al hospital para recibir sus medicamentos.
La denuncia se basó en un informe que el mismo hospital había entregado a la madre del detenido que hacía constar que no había retirado los medicamentos para su tratamiento.
Posteriormente la madre de Anderson solicitó al tribunal que le hicieran un chequeo médico en el cuál supo que tenía un problema en la cadera y llagas en la piel.