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Juzgado ordenó a cooperativa El Bosque cancelar pagarés por $131 mil
El fallo es de 2018, pero el pasado 7 de mayo, tras un largo rebote en tribunales, la comunidad fue notificada que debe desalojar terrenos para que sean subastados.
El caso judicial por la tenencia de terrenos en el cantón El Triunfo, Santa Tecla, en La Libertad, se remonta a 17 años atrás. El Diario de Hoy consultó el expediente del caso en el Juzgado de lo Laboral de Santa Tecla, en el cual consta que todo empezó con una demanda en 2008 y que la Asociación Cooperativa de Producción Agropecuaria El Bosque de R.L fue condenada diez años después, el 5 de julio de 2018, a pagar un monto de 131,342 dólares por una mora adquirida por servicios de medición y legalización a la sociedad L.M. Lotificaciones (ahora Proyectos e Inversiones, Proyin).
Esta cooperativa es la que se manifestó el pasado lunes 12 de mayo, en las cercanías de la residencia del presidente Nayib Bukele, para pedir su intervención por una orden de desalojo que enfrentan 300 familias para el 22 de mayo. La Unidad de Mantenimiento del Orden (UMO) y la Policía Militar disolvieron la concentración y capturaron a dos personas: el presidente de la cooperativa, José Ángel Pérez, y el abogado de la misma, Alejandro Henríquez.
La deuda de la cooperativa, según consta en el expediente, fue adquirida luego de que el 13 de noviembre del 2003, el presidente de El Bosque en ese momento, Victorino Renderos Delgado, acordara la contratación de servicios de medición y parcelación a favor de la cooperativa por un monto de 81,342 dólares, a través de un pagaré.
Sin embargo, el monto aumentó debido a otros trabajos realizados por la empresa contratada, que no estaban contemplados en el primer acuerdo; por lo que, siete días después, el presidente de la cooperativa suscribió un segundo pagaré por un monto de 50,000 dólares. La fecha de vencimiento de ambos pagarés era el 1 de diciembre de 2007.
El 25 de noviembre de 2006, el entonces presidente de la cooperativa anuló y sustituyó ambos documentos; y suscribió dos nuevos por los mismos montos, pero con un plazo de 30 días más, venciendo el 31 de diciembre de 2007.
El 8 de febrero de 2008, ante la falta de los pagos acordados, la cooperativa El Bosque fue demandada por incumplimiento del contrato por trabajos de medición y legalización de tierras.
La defensa de la comunidad planteó en el proceso que el presidente de la cooperativa nunca fue autorizado o facultado por la asamblea o el consejo administrativo de la misma para suscribir pagarés; y que para ello era necesario un acuerdo explícito, pero el Juzgado advirtió que, según los estatutos de la misma cooperativa, presentados como prueba, “de ninguna manera se exige que el presidente suscriba letras de cambio u otros títulos valores de forma mancomunada con el tesorero o gerente”.
El juzgado se tardó más de 10 años en dar el fallo en el que condenó a El Bosque a pagar un monto de 131,342 dólares en concepto de capital, más intereses anuales legales del 12% anual, calculados a partir del 1 de enero de 2008, e intereses moratorios del 3% mensual calculados a partir del 1 de enero de 2008.
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“Esta cooperativa fue vencida en juicio en todas las instancias legales a las que acudió, civil, mercantil, penal, Sala de lo Civil, Sala de lo Constitucional (...) Y la cooperativa nunca le pagó cinco centavos a la sociedad”, dijo Óscar Mena, abogado de esa sociedad, quien aseguró que se reunieron con las directivas anteriores para exponerles que no tenían interés de sacarlos, sino de escriturales, pero, según él, pocos aceptaron hacer el proceso.
Los miembros de la cooperativa, en cambio, alegan haber sido estafados por la empresa.
En 2020, el representante legal de la sociedad, Luis Palomo Urbina, fue acusado por la Fiscalía General de la República (FGR) por estafa agravada por un monto de 350 mil dólares. Sin embargo, según el abogado, Palomo quedó libre de cargos: “El tribunal de Sentencia determinó que la que la acusación no constituía ni delito y la Sala de lo Penal dijo que era improcedente porque los hechos no eran tipificados como delitos bajo ninguna circunstancia”.
Según los documentos judiciales, en 2008 había registradas unas 80 familias en la zona, pero recientemente los mismos residentes aseguran que viven unas 300 familias en el terreno que, según el expediente, tiene 384 manzanas.
“Nosotros no tenemos ninguna intención de sacar a nadie a la calle y nunca ha sido esa nuestra intención y lo podemos comprobar con documentos”, aseguró Mena, quien dijo que esperan que se encuentre una solución sin afectar a las familias.
La orden de desalojo, tras el largo proceso judicial que ha pasado por varias instancias,llegó a la cooperativa hasta el pasado 7 de mayo.
“El Juzgado de lo Laboral lo que hizo fue pedir la subasta pública de 12 inmuebles de la cooperativa, que son los que se han adjudicado en pago a favor de Luis Palomo y son las tierras que le está quitando a la cooperativa. Esas tierras son el lugar de vivienda de 300 familias y el lugar de cultivo de estas 300 familias”, explicó Henríquez, el abogado de la comunidad, en una conferencia que dio la semana pasada, antes de su captura.
Viceministra ofrece no desalojarlos
La ministra de Vivienda Michelle Sol se reunió el pasado miércoles con algunos habitantes de la cooperativa: "Nadie los va a desalojar, vamos a buscar la solución para que ustedes estén tranquilos. Vamos a hacer todo lo que tengamos que hacer. Pero tenemos que conocer el caso, tenemos que indagar, tocar puertas", les dijo la funcionaria, según se observa en un video difundido por ARPAS, la asociación de radios comunitarias.
Según testimonios recogidos por ARPAS, la ministra se disculpó con los habitantes por lo ocurrido el pasado lunes, cuando agentes de la UMO y de la Policía Militar contuvieron la manifestación pacífica, en la que participaron niñas, niños y personas mayores.
"Lamentamos que se hayan unido los dos hechos", dijo Sol frente a la comunidad, en una reunión en la que también participó el procurador general de la República, René Escobar.
Ayer, diferentes organizaciones se concentraron para exigir la liberación del abogado y el líder comunitario detenido y fueron recibidas por un contingente de 50 policías.