El Estado ha convertido en inefectivo el recurso del habeas corpus en el contexto del régimen de excepción, señaló Alejandro Díaz, abogado de la Asociación Tutela Legal doctora María Julia Hernández, durante su participación en programa de Bálsamo TV.
El habeas corpus es una herramienta constitucional que puede ser utilizada de carácter urgente para proteger los derechos fundamentales de toda la población.
“Se ha denunciado la falta de efectividad del habeas corpus como un proceso constitucional urgente que protege derechos fundamentales, pero el Estado ha llevado a que sea inefectivo con la aplicación del régimen”, manifestó Díaz.
El abogado de Tutela Legal explicó que desde que inició el régimen de excepción han presentado unas 600 peticiones de habeas corpus ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, sin obtener respuestas favorables.
“La Corte Suprema ha jugado un papel lamentable, (también) la misma Sala de lo Constitucional al plegarse a todas las actuaciones de la Policía y la Fiscalía”, manifestó.
El abogado agregó que los familiares de las personas detenidas han recibido respuestas “bastantes absurdas” de parte de la Corte Suprema de Justicia.
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«Nosotros hemos recibido, de parte de las misma víctimas, las notificaciones bastante absurdas (que les dieron) negando el derecho al habeas corpus, señalando que el régimen debe de cumplirse porque la Policía tiene facultades “hasta extraordinarias” y denegando», explicó.
Díez expuso que ante esta inefectividad manifiesta, han presentado tres prontos despachos, un recurso usado para aquellos casos donde han pasado años sin respuesta se agilicen y han acudido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En septiembre de 2024, Tutela Legal y el Movimiento de Víctimas del Régimen de Excepción (Movir) presentaron un total de 530 casos de violaciones a derechos humanos ante la CIDH.
En cada uno de esos casos los familiares habían agotados las instancias nacionales, presentando denuncias ante la Procuraduría de Derechos Humanos, la Procuraduría General de la República, además, habían solicitado habeas corpus ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, sin tener resultados favorables para las víctimas de detenciones presuntamente arbitrarias o ilegales.
El régimen de excepción el cual suspende los derechos fundamentales de ser informados del motivo de la detención, la inviolabilidad de las comunicaciones y extiende el plazo de la detención administrativa hasta por 15 días, fue instaurado el 27 de marzo de 2022 tras una matanza de más de 80 personas en un fin de semana, posteriormente ha sido prorrogado en 34 ocasiones.