Socorro Jurídico informará a la ONU sobre condena de estudiantes de Usulután

La directora del Socorro Jurídico Humanitario, Ingrid Escobar, declaró que informarán al sistema de Naciones Unidas sobre la condena a 10 años de prisión por el delito de agrupaciones ilícitas impuesta a 11 estudiantes de la colonia La Nueva Cruzadilla, jurisdicción de Jiquilisco, Usulután.

La condena fue emitida el viernes 31 de enero por el Tribunal Primero contra el Crimen Organizado de San Miguel. El juez determinó que los adolescentes deben cumplir cinco años de la condena en un centro de internamiento y cinco en libertad bajo medidas.

“Estamos en el proceso de apelación de esa sentencia, les han dado 10 años, cinco internos y cinco firmando, vamos a apelar la sentencia, vamos a casar (pedir anulación) la sentencia de ser necesario y nos vamos a ir a Naciones Unidas”, manifestó Escobar durante la entrevista de TVX de esta mañana. 

Encuentro TVX: Ingrid Escobar, Directora de Socorro Jurídico, Ingrid Escobar https://t.co/3dSul41HLG

— InformaTVX (@InformaTVX) February 3, 2025

La abogada aseguró que este lunes 3 de febrero ingresarán un proceso de comunicación urgente ante el sistema de Naciones Unidas por el caso. 

“La defensa llevaba todo, testimonios, el estudio socioeconómico y a todos les condenaron a 10 años ¿por qué? porque tienen una orden de condenar, de no aceptar el error y esto es el reflejo de lo que se viene para los adultos”, declaró. 

Escobar también criticó el accionar de la Fiscalía en los procesos relacionados al régimen de excepción. 

“De los 11 procesados ahí, un caso lo lleva el Socorro y sabe que lo único que lleva Fiscalía para probar la pertenencia a una estructura criminal (...) es el acta policial, que está llena de mentiras, el análisis situacional de una pandilla en un territorio y el estudio socioeconómico, que en este caso salíó a favor de los adolescentes ”, manifestó.

El caso tiene reserva total, pero de forma extraoficial se conoció que el tribunal basó su decisión tomando en cuenta la declaración anticipada de un testigo criteriado, que no se presentó a declarar en los tres días de juicio por supuestas dolencias de salud. 

El 30 de mayo del año pasado, los familiares de los detenidos denunciaron supuestas inconsistencia en la acusación, entre esas, que el  testigo criteriado propuesto por Fiscalía había manifestado que  los alumnos ingresaron al centro escolar a manchar las paredes, luego que salieron de la presentación de un circo, el día jueves 11 de abril, pero los familiares de 10, de los 11, capturados aseguran que sus hijos no salieron de las viviendas esa noche.

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Además, una constancia emitida por la ADESCO de esa comunidad señala que el circo tuvo su primera función el viernes 12 de abril y que debido a la poca afluencia de los habitantes, atemorizados por las capturas del día anterior, las siguientes presentaciones fueron suspendidas.

Asimismo las madres de familia relataron que los especialistas del Instituto de Medicina Legal, encargados de hacer los peritajes, declararon durante el juicio que habían entrevistado a, entre cuatro y diez personas, por cada uno de los imputados y que en la mayoría de los casos los entrevistados manifestaron que se trataba de adolescentes que no tenían ningún vínculo con las pandillas, sino de jóvenes que se dedicaban a estudiar y a trabajar.

Inicialmente las autoridades de seguridad denunciaron a los 11 estudiantes de intentar reactivar una clica de la Mara Salvatrucha en la zona y de hacer grafitis en los pasillos del centro escolar de la colonia y otros inmuebles. 

Sin embargo, los familiares de los adolescentes manifestaron que los agentes policiales que realizaron las capturas al ser cuestionados durante el juicio si habían visto cuando los jóvenes hicieron los grafitis, declararon que no.

La directora del Socorro Jurídico afirmó que unos 3,200 menores de edad han sido procesados bajo el régimen de excepción, de los cuales al menos 1,800 han sido condenados.