Reforma de ley amplía facultades de regulador sanitario

La Comisión de Salud, Agricultura y Medio Ambiente de la Asamblea Legislativa aprobó este lunes el dictamen para que se reforme la Ley de la Superintendencia de Regulación Sanitaria (SRS), que amplía las facultades del ente regulador, el cual busca convertirse en un centro de referencia regional.

Uno de los cambios es que se incorpora al consejo de la SRS un delegado de la Defensoría del Consumidor.

El proyecto de decreto incluye una nueva atribución de la SRS para que pueda "efectuar de acuerdo a su capacidad instalada, pruebas de control de calidad a productos objeto de su regulación para otros fines no previstos en esta ley, a solicitud de personas naturales o jurídicas, sean nacionales, extranjeras, públicas o privadas, siempre y cuando no incluyan experimentación en humanos o animales".

Para lo que se le permitirá establecer las tarifas correspondientes, previa autorización del Ministerio de Hacienda.

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"La SRS cuenta con la capacidad instalada para la realización de análisis de control de calidad de los equipos de protección personal, esto es dispositivos médicos", dijo Jessica Marlen Durán, representante de la SRS, a la comisión.

También tendrá la atribución de convocar a expertos externos, como parte del proceso de certificación regional.

"Identificamos la base legal necesaria para obtener la certificación como autoridad reguladora de referencia en la región. Es importante determinar que con las propuestas de reforma El Salvador contará con un hub, que es un punto central, de análisis de control de calidad para los países de la región", agregó Durán.

Como parte de esa acreditación, se incorpora la atribución al Superintendente de emitir y reformar la política nacional farmacéutica, "así como cualquier otra política nacional relacionada con el objeto, competencia y finalidad" de la ley.

Aunque se derogará la atribución de "proponer al Consejo para su aprobación, el precio de venta máximo de los productos regulados en la Ley de Medicamentos".

Otro cambio es que la SRS no solo podrá realizar donaciones de bienes muebles que no sean necesarios para su funcionamiento, sino que también podrá donar los productos que han sido decomisados "y que se encuentren aptos para su consumo", ya sea a instituciones de gobierno, asociaciones o fundaciones sin fines de lucro.

Y se permitirá a los ministerios de Salud y de Agricultura y Ganadería y cualquier otra institución pública que cuente con laboratorio para análisis de control de calidad, que presten los servicios de análisis a la SRS y perciban las tarifas establecidas.