Diputados reforman Ley de Recolección de Residuos para fortalecer atribuciones de ANDRES

Diputados de la Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó, con 56 votos, una reforma al artículo 27 de la Ley Especial de Recolección, Aprovechamiento y Disposición Final de Residuos, con el propósito de fortalecer el funcionamiento de la Autoridad Nacional de Residuos Sólidos (ANDRES).

La modificación autoriza a la institución a establecer tarifas por los servicios que presta en el manejo de residuos especiales y voluminosos, y a fijar precios públicos en la comercialización de materiales aprovechables.

Según el decreto aprobado en sesión plenaria, la reforma permitirá que ANDRES elabore y apruebe un pliego tarifario que defina los cobros aplicables a distintos servicios relacionados con la recolección, el tratamiento y la disposición final de desechos. Entre estos se incluyen los residuos de manejo especial, como electrodomésticos en desuso, llantas, colchones, muebles, materiales de construcción y otros productos que, por su tamaño o composición, requieren un tratamiento diferenciado.

La disposición establece que los precios y tarifas que la institución determine deberán contar con la autorización del Ministerio de Hacienda, en cumplimiento de los procedimientos de control y supervisión financiera del Estado. De acuerdo con el dictamen favorable de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático, el objetivo de la enmienda es otorgar a ANDRES los mecanismos necesarios para regular los servicios que presta y asegurar la sostenibilidad económica de sus operaciones.

El artículo 27 reformado incorpora la posibilidad de aplicar tarifas tanto por los servicios de recolección de desechos especiales como por la comercialización de los residuos aprovechables que la institución recupere durante sus labores. Esto incluye materiales reciclables que puedan ser reutilizados o transformados en nuevos productos, dentro del marco de las políticas nacionales de economía circular y gestión integral de residuos.

La Autoridad Nacional de Residuos Sólidos (ANDRES) fue creada en diciembre de 2024, tras la aprobación de la Ley Especial de Recolección, Aprovechamiento y Disposición Final de Residuos, con el fin de coordinar a nivel nacional las tareas de recolección y disposición de desechos sólidos. La entidad está adscrita al Ministerio de Obras Públicas y de Transporte (MOPT) y tiene carácter autónomo, lo que le permite ejecutar programas y proyectos propios dentro del ámbito de su competencia.

ANDRES sustituyó de manera gradual a las alcaldías en la función de recolección de desechos, función que históricamente correspondía a los gobiernos municipales. Según lo aprobado en la ley original, el 50 % de los ingresos municipales provenientes de tasas por limpieza y ornato se transfieren a la autoridad para financiar sus operaciones. Con la reforma al artículo 27, la institución obtiene una fuente adicional de ingresos mediante la prestación de servicios específicos y la venta de materiales reciclables.

Actualmente, ANDRES brinda cobertura en San Salvador Este, que incluye los distritos de Ilopango, San Martín, Soyapango y Tonacatepeque; en La Libertad Costa, y en La Paz Este, según información oficial publicada por el Ministerio de Obras Públicas. Estas zonas forman parte del plan piloto con el que se inició la operación de la entidad en 2025, con el propósito de extender gradualmente su servicio al resto del país.

De acuerdo con declaraciones del presidente de la Comisión de Medio Ambiente, la reforma responde a la necesidad de fortalecer la estructura técnica y administrativa de la institución. El funcionario explicó que el manejo de residuos especiales requiere equipos, transporte y procedimientos distintos a los utilizados para la recolección doméstica, por lo que resulta necesario contar con un esquema tarifario que cubra los costos asociados a estas labores.

El decreto indica que los montos a cobrar deberán definirse mediante acuerdo institucional y contar con el aval del Ministerio de Hacienda. Esto implica que los precios no podrán fijarse de manera unilateral, sino que deberán ajustarse a las disposiciones del marco financiero estatal y publicarse en los medios oficiales una vez aprobados.

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La normativa también mantiene las facultades de ANDRES para coordinar con instituciones públicas y privadas la implementación de programas de recolección, aprovechamiento y disposición final de residuos. En este contexto, la entidad podrá celebrar convenios con empresas y municipalidades para el tratamiento de desechos reciclables o de manejo especial.

Datos de la institución señalan que durante 2025 se inició la recolección de desechos sólidos en San Salvador Este con la incorporación de camiones equipados con sistemas de localización GPS y la habilitación de líneas de atención ciudadana para reportar puntos de acumulación. Estas acciones se enmarcan en el plan operativo con el que ANDRES busca mejorar la cobertura y el control de los procesos de recolección.

La reforma aprobada será remitida al Órgano Ejecutivo para su sanción y publicación en el Diario Oficial. Una vez vigente, permitirá a la autoridad definir las tarifas correspondientes y establecer los mecanismos administrativos necesarios para su aplicación.

Con esta modificación, el marco legal de la gestión de residuos en El Salvador se actualiza en función de las competencias asignadas a ANDRES y de los lineamientos establecidos en la Ley Especial de Recolección, Aprovechamiento y Disposición Final de Residuos.