"Permítanos defendernos en libertad, como corresponde, porque hemos demostrado que estamos en la disposición de estar presentes en cualquier diligencia que se nos requiera y estando en libertad podemos hacer una defensa más efectiva", dijo el ex ministro de Justicia y Seguridad Pública, Mauricio Ramírez Landaverde, al presentarse al juzgado Segundo de Instrucción a firmar como parte de las medidas sustitutivas a la detención.
Esas medidas fueron revocadas por la Cámara Tercera de lo Penal por considerar que existe peligro de fuga de los 18 acusados, pero las órdenes de recaptura se mantienen suspendidas por existir un recurso de revocatoria a la referida resolución.
A juicio de Ramírez Landaverde, el argumento del peligro de fuga, tal como lo señala la Cámara Tercero de lo Pena, queda desvirtuado "por todas las veces que nosotros nos hemos presentado de manera voluntaria a este proceso desde que inició, hace más de dos años y medio", dijo Ramírez Landaverde.
También desvirtuó que ellos vayan a entorpecer las investigaciones por el hecho de siguen de servicio en la Policía Nacional Civil (pnc).
"Algunos de nosotros, no todos, todavía prestamos servicio en la PNC, pero la PNC es una institución al margen de esta situación. La investigación se centra en la Dirección de Centros Penales y nosotros no tenemos en absoluto ningún vínculo, ninguna relación, ninguna forma de influir en la información que dicha institución tiene", dijo Ramírez Landaverde.
Aseguró que el caso del supuesto desvío de fondos de las tiendas penitenciarias para la asociación Asocambio ya ha sido ganado en la instancia contencioso administrativo.
"Este caso lo han investigado diferentes instituciones, la Corte de Cuentas de la República, las instancias internas en la PNC, en todas hemos ganado. El proceso contencioso administrativo que ventiló un juzgado de San Salvador lo ganamos porque demostramos que nuestras actuaciones estuvieron apegadas a derecho", dijo Ramírez Landaverde.
Defendió la creación de Asocambio para el beneficio de la población reclusa con programas de rehabilitación y reinserción.
"No hemos cometido nada malo ni mucho menos ilegal, al contrario, lo hicimos en cumplimiento a recomendaciones de las mismas autoridades contraloras y administrativas. Fue una forma de legalizar lo que por muchos años estaba en total ilegalidad", dijo el exministro.
Agregó que "no habido en lo absoluto ningún desvío de fondos, todos los fondos fueron siempre a la Dirección de Centros Penales para financiar los programas de rehabilitación, de salud, de asistencia, de mejoras de la infraestructura, de humanización del sistema".
Por su parte, Pedro Cruz, defensor de Ramírez Landaverde, aseguró que la resolución de la Cámara Tercero de lo Penal "causa espanto a la comunidad jurídica porque se vulnera, se viola la Constitución, los tratados, se viola el ordenamiento jurídico penal y procesal penal".