La Fiscalía General de la República (FGR) presentó ayer la acusación formal contra el exministro de Justicia y Seguridad, Mauricio Ramírez Landaverde, y otros exfuncionarios de esa cartera Estado acusados de actos arbitrarios, cohecho impropio y falsedad; delitos supuestamente cometidos a través de Asocambio, organización que administraba las tiendas carcelarias.
Aunque la presentación fue convocada a las 11:00 a.m., la Fiscalía dio los detalles de las acusaciones una hora y media después de que la Policía llevara a los acusados hacia un toldo frente a los tribunales.
“Esto ha sido innecesario, si nos hubiesen llamado de parte del tribunal aquí estuviésemos. Sin embargo, nos sometemos porque todavía creemos en un sistema justo e igualitario”, dijo Ramírez Landaverde al momento en que bajaba del microbús de la Policía que los trasladó hasta el centro judicial.
Ramírez Landaverde asegura que lleva dos años y medio pidiéndole a la Fiscalía que los convoque. “Desde un inicio nos pusimos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) para que realizase todas diligencias que creyera convenientes. Pedimos ser llamados, entregamos documentación abundante sobre el proceso; pedimos que nos llamaran para explicar nuestra versión de los hechos denunciados”, agregó.
El exministro y ocho exfuncionarios del gobierno de Sánchez Cerén fueron detenido la tarde del pasado jueves por orden de Fiscalía.
El requerimiento fue presentado ante el Juzgado Sexto de Paz de San Salvador. El ministerio público ha pedido que el caso pase a la fase de Instrucción con detención preventiva, mientras sigue el proceso judicial contra los exfuncionarios.
La fiscal de la Unidad Especializada Anticorrupción que lleva el caso dijo que en total son nueve personas las que han sido detenidas y otras 12 se encuentran ausentes.
Aunque las investigaciones fiscales apuntaban a que los detenidos habrían desviado unos $14 millones en el período en el que funcionó Asocambio, la fiscal del caso aclaró ayer que el monto será determinado durante la fase de Instrucción.
“Utilizaban la asociación ‘Yo Cambio’ para hacer uso indiscriminado de los fondos, el monto se va a determinar para mayor claridad del Órgano Judicial con la pericia que se está solicitando, el monto va ser determinado durante el plazo de Instrucción”, detalló a la prensa.
Rolando Alemán, defensor del subdirector jurídico del Ministerio de Justicia y Seguridad, Sergio Chicas, espera que el juez conceda medida cautelar diferente a la detención provisional a los acusados de delitos menores, pues no representa un peligro de fuga.
Los otros acusados son además de Ramírez Landaverde y Chicas, el exviceministro de Justicia y Seguridad, Raúl Antonio López; el exdirector de Centros Penales, comisionado Marco Tulio Lima, y el exdirector general ejecutivo del Ministerio de Justicia, Luis Alonso Barrera; así como el exdirector y subdirector Jurídico de la cartera de Estado, José Roberto Nochez.
Además de Orlando Elías Molina, Ramón Fernando Roque y José Luis Hércules Ávalos.
Luna habría usado fondo de tiendas
Mientras Fiscalía procesa a estos exfuncionarios por el manejo del dinero de las tiendas penitenciarias, la administración Bukele también enfrenta señalamientos por usar dinero de ese fondo de forma irregular.
Según una investigación de la revista Factum, publicado en 2020, el gobierno actual reformó el reglamento de la Ley Penitenciaria y estableció un mecanismo de uso y control.
Sin embargo, durante diez meses, el director general de Centros Penales Osiris Luna usó $8.5 millones incumpliendo la ley y saltándose los procedimientos establecidos, entre estos no hacer los depósitos a Hacienda de los fondos reportados por los reos, no crear la comisión para gestionar esos fondos e incluso registraron depósitos de $300, que duplican el aporte establecido para cada reo que es de $150.