Según datos del BIRF (Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento), el 15% de la población mundial tiene algún tipo de discapacidad, entre este porcentaje se encuentra Rafael Mejía: un hombre que, desde hace 21 años, se encuentra atado a una cama o una silla de ruedas, debido a su discapacidad y el nivel de pobreza en el que vive.
En su juventud, Rafael Mejía se dedicó a trabajar en oficios varios. Él asegura que estaba dispuesto a realizar casi cualquier tarea que le permitiera ganarse la vida y llevar el sustento a su familia: limpiando, reparando electrodomésticos e incluso cortando ramas de árboles, pero esta última labor le pasaría una factura muy alta.
“Yo iba a reparar una plancha pero la señora me pidió que le ayudara a cortar las ramas de un árbol y yo acepté. Cuando yo quise tirar la pita para amarrar la rama, me recosté en otra rama, pero esta estaba en mal estado y caí sobre un sanitario”, recuerda.
Rafael estuvo cinco meses ingresado en el hospital debido a la gravedad de las lesiones, el diagnóstico fue desolador, él nunca podría volver a caminar, ya que la parte inferior de su cuerpo quedó inmóvil y siempre dependería de alguien más para su cuidado. Desde el accidente, su salud y calidad de vida se deterioraron significativamente, hasta llegar al punto de no poder levantarse de la cama.
Él tenía esposa e hijas; sin embargo, con el paso de los meses, luego del accidente, lo abandonaron, según relata. “Después de un año y medio me quedé solo, al ver la situación que uno así ya no puede hacer nada, se fueron”, lamenta.
Durante estos 21 años, Rafael no ha vuelto a trabajar. Su única forma de subsistencia ha sido la ayuda de sus vecinos y algunos familiares, que le regalan comida, además de pagar la luz y el agua de la pequeña champa en la que vive, junto a su nieto de 14 años. El menor de edad, quien lo ha acompañado desde hace más de diez años, ha sido la única persona constante que ha velado por su salud, incluso a costa de no poder disfrutar de una niñez convencional que le permita desarrollarse por completo.
Complicaciones médicas
Al tener paralizada la mitad de su cuerpo, solo puede hacer sus necesidades a través de sondas, pero a raíz de la pandemia dejó de acudir a la unidad de salud para que le realizaran el cambio, esto por temor a contagiarse de COVID-19 y también debido a la falta de dinero para pagar un transporte que lo lleve hasta el centro médico.
Como una alternativa a las bolsas especiales que le colocaban en el hospital, Rafael optó por colocarse bolsas plásticas, de esas que venden en cualquier tienda; sin embargo, estas no siempre se detienen bien y terminan contaminando las escaras, una especie de llagas, que tiene por la falta de movilidad.
El no contar con una silla de ruedas adecuada o alguna clase de mobiliario especial en su casa, lo obliga a pasar días enteros acostado en la cama y, como consecuencia de esto, se le formaron escaras en las piernas y espalda, una condición que le causa mucho dolor.
Discriminación y abandono
“Lamentablemente, desde el año 2007, no se ha realizado ningún tipo de censo, específico para personas con discapacidad, nunca ha habido, siempre se ha hecho a través del censo nacional”, dice Janeth Chávez, coordinadora de APROVIPDES (Asociación Pro Vida Independiente de Personas con Discapacidad en El Salvador).
Según Chávez, las personas con discapacidad, en El Salvador, enfrentan muchas barreras para poder integrarse a la sociedad y más aún al sector productivo. “La sociedad nos cierra las puertas para integrarnos en condiciones de igualdad”, dice y explica que casos como el de Rafael Mejía son complicados, pues existe un total abandono, desde la familia, la sociedad, hasta el mismo Estado, quien debería ser el encargado de velar por la salud y bienestar de personas en condiciones de dependencia y con bajos recursos económicos.
La Constitución de la República de El Salvador establece en el artículo uno que es obligación del Estado garantizar la salud y el bienestar económico de cada habitante y, aunque en junio de 2020, la Asamblea Legislativa también aprobó la Ley Especial de Inclusión de las Personas con Discapacidad, los avances en este tema han sido poco perceptibles para este sector de la población.
Janeth Chávez, coordinadora de APROVIPDES, explica que, a pesar que estas leyes están vigentes en el país, son muy pocos los momentos en los que se realmente se cumplen, además que tampoco se asignó el presupuesto que se había solicitado en la Ley Especial de Inclusión de las Personas con Discapacidad para atender las necesidades que tiene este sector.
“Si tuviéramos un presupuesto asignado, serviría para apoyar casos como el del señor Rafael Mejía y tendría más posibilidad de tener una vida digna”, afirma Janeth.
En el artículo siete, del apartado de Derechos de la Ley Especial de Inclusión de las Personas con Discapacidad, se establece que: “Las personas con discapacidad gozan de los derechos consagrados en la constitución, la normativa interna, los convenios, tratados e instrumentos internacionales de protección y de derechos humanos, así como de los siguientes:”
g) A la salud y asistencia social.
h) A vivir de forma independiente y a ser incluida en la comunidad.
j) A la protección en situaciones de riesgo y emergencias humanitarias.
Estos derechos se han quedado solo en papel para Rafael Mejía, quien aún alberga la esperanza que algún tendrá la oportunidad de volver a trabajar y ser parte del sector productivo de la sociedad, al menos medio tiempo, para ganar su propio dinero y volver a mantener su hogar: tal y como hacía hace más de 20 años.
Si desea ayudar a don Rafael Mejía puede contactarlo al número: 7885-6367