10 datos claves para que entendás la nueva Ley de Energía Geotérmica
La aprobación de la Ley de Energía Geotérmica en El Salvador no solo abre el mercado a la inversión privada, sino que también marca el inicio de una etapa con mayores garantías para el desarrollo sostenible y la generación de energía limpia.
El Salvador podría dar un paso clave hacia la diversificación energética con la nueva Ley de Energía Geotérmica, recientemente respaldada por la Comisión de Tecnología, Turismo e Inversión y ya avalada por votación en la Asamblea Legislativa. Esta normativa no solo establece reglas claras para explorar y aprovechar el calor del subsuelo, sino que también abre la puerta a la inversión privada en un sector estratégico para el desarrollo sostenible del país.
A continuación te brindamos 10 datos sobre esta nueva Ley:
1. Participación privada más clara y regulada
Con esta nueva ley, El Salvador establece un marco legal específico para que el sector privado pueda involucrarse en proyectos geotérmicos. Anteriormente, esta era una competencia reservada casi en su totalidad al Estado, a través de CEL y su subsidiaria LaGeo. Ahora, cualquier empresa, nacional o extranjera, puede participar, siempre que cumpla con los requisitos técnicos, legales y ambientales definidos. Esto busca atraer inversión directa sin comprometer los recursos del Estado.
2. Concesiones por hasta 30 años: estabilidad para invertir
Uno de los elementos que más valoran los inversionistas es la seguridad jurídica. La ley permite concesiones de explotación de energía geotérmica por un plazo de hasta 30 años, lo que brinda certidumbre para recuperar inversiones en proyectos que requieren infraestructura costosa. Esta medida busca hacer atractivo al país frente a otros mercados regionales.
3. Trámites más ágiles para concesiones directas
En situaciones donde se haya comprobado la existencia de un reservorio geotérmico viable o cuando el proyecto sea declarado de interés nacional, la ley permite adjudicar concesiones sin licitación pública. En esos casos, la Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas (DGEHM) está obligada a resolver la solicitud en un máximo de 20 días hábiles, lo que reduce tiempos de espera y elimina trabas burocráticas.
4. Estudios de exploración más accesibles
La normativa autoriza exploraciones de hasta 50 kilómetros cuadrados por tres años, siempre que el interesado presente un plan detallado y obtenga autorización de la DGEHM. Esto permite evaluar con mayor amplitud el potencial geotérmico de diversas zonas del país sin que el proceso inicial implique grandes inversiones o complejidades jurídicas.
5. Permisos sin pasar por la Asamblea para proyectos pequeños
Los proyectos que generen hasta 5 megavatios de energía pueden obtener permisos de aprovechamiento por un periodo de 25 años, renovables, sin requerir el aval de la Asamblea Legislativa. Pero, si excede dicha capacidad requerirá de la aprobación de los diputados. Esto abre la puerta a emprendimientos de menor escala, como comunidades energéticas o sistemas geotérmicos para industrias específicas.
6. Incentivos fiscales competitivos para nuevos proyectos
Durante los primeros diez años de operación, las empresas que desarrollen proyectos nuevos o amplíen su capacidad instalada podrán gozar de exenciones fiscales importantes: no pagarán aranceles de importación por maquinaria y equipos, ni el Impuesto sobre la Renta por ingresos derivados de la energía o certificados de reducción de emisiones. Sin embargo, este beneficio no es acumulable con otros incentivos similares.
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7. Desmantelamiento obligatorio al finalizar la concesión
Uno de los requisitos clave al cerrar un proyecto es el retiro total de la infraestructura utilizada. Esto incluye pozos, tuberías, estaciones de control y otros equipos. La finalidad es evitar pasivos ambientales y garantizar que el terreno quede en condiciones adecuadas tras el uso intensivo del subsuelo.
8. Supervisión constante de la autoridad reguladora
La DGEHM tiene la responsabilidad de supervisar desde la etapa de construcción hasta el cierre del proyecto. También deberá entregar un informe anual a la Asamblea Legislativa con datos sobre cumplimiento, operación y eventuales incumplimientos. Esta medida fortalece la transparencia y la rendición de cuentas.
9. Multas severas para quienes incumplan la ley
Las sanciones económicas van desde los 5,000 hasta los 10,000 salarios mínimos mensuales del sector industrial, dependiendo de la gravedad de la infracción. Por ejemplo, operar sin concesión, modificar instalaciones sin permiso o no reportar fallos técnicos pueden considerarse faltas muy graves. La intención es garantizar que se respeten los procedimientos y no se ponga en riesgo el entorno ni la seguridad energética.
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10. Posibilidad de expropiación en áreas clave
Cuando se identifique una zona con alto potencial geotérmico y el proyecto se considere de interés público o estratégico, el Estado podrá recurrir a la expropiación del terreno, siempre que se sigan los procesos legales establecidos. Esto puede generar debate, pero está pensado para priorizar el desarrollo energético nacional cuando se enfrenten obstáculos de tenencia de la tierra.