Tras recibir al ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, en la comisión especial de la Asamblea que investiga el dinero público trasladado desde el Congreso a distintas ONG; la presidenta de dicha comisión, la diputada oficialista Alexia Rivas, informó que en los próximos días recibirán el proyecto de Presupuesto General de la Nación para 2022, el cual incluirá recursos para organizaciones no gubernamentales después de corroborar que el fin de los fondos sea netamente social.
“En los próximos días también van a conocer el Presupuesto de la Nación que el Ministerio de Hacienda está trabajando para dos cosas: primero, para brindar apoyo a las buenas ONG, a las que sí han estado haciendo una labor socialmente vista, pero también, para que se aseguren que las ONG y Fundaciones que no han realizado una buena labor social no vuelvan a recibir un centavo de los salvadoreños”, explicó Rivas.
Rivas es la presidenta de la comisión que desde hace varios meses ha venido indagando a distintas ONG y Fundaciones que, según el oficialismo no hicieron buen uso del dinero, o que éstos fueron ocupados para campañas políticas partidarias.
En ese sentido, el 18 de julio de 2021 una de las primeras entrevistadas fue la exdiputada del FMLN, Lorena Peña, quien presidió durante un periodo de su legislatura la presidencia de la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto.
En esa fecha, Peña encaró a Rivas que mientras intentaba incriminarla por los fondos recibidos para una ONG que vela por los derechos de las mujeres; por otro lado, se hacían del ojo pacho con los fondos otorgados a diputados de partidos aliados del gobierno, por ejemplo, citó al actual legislador de GANA, Guillermo Gallegos y al del PDC, Reinaldo Carballo.
Una investigación periodística de la Revista digital El Faro reveló que una asociación de la esposa de Gallegos recibió $550 mil dólares de fondos públicos en noviembre de 2016, cuando el diputado era presidente de la Asamblea.
Pero también Peña les increpó que mientras buscan “criminalizar y estigmatizar a las organizaciones de la sociedad civil”, bajo el argumento que recibieron fondos de manera “ilegal”, cuando la Asamblea está facultada en el Artículo 131 de la Constitución; el gobierno actual ha creado en silencio varias ONG en algunas carteras de Estado.
Y con el agravante, según Peña, que el gobierno ya bloqueó la Ley de Acceso a la Información Pública reservando hasta por 7 años la información que anteriormente no tenía calidad de reserva.
Ayer mismo, el Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa (Sitral) denunció que las autoridades legislativas decidieron desmantelar la Unidad de Gestión Documental que alimenta a la Unidad de Acceso a la Información Pública, eliminando así ambas oficinas con el despido también masivo de cerca de 200 trabajadores.
Con ese preámbulo la diputada Rivas anunció que la Asamblea seguirá destinando fondos a ONG el próximo año, argumentando que hoy sí se ocuparán los recursos para bienestar social, pero al mismo tiempo la Asamblea desarticula el mecanismo legal para que la población pueda hacer auditoria social del uso de dichos recursos.