Diputados acuerdan que el Gobierno negocie préstamo de $109 millones para seguridad

La Comisión de Hacienda emitió dictamen favorable, el cual será presentado al pleno el jueves próximo. El FMLN no votó. Diputados recibieron este lunes al ministro de Hacienda y a representantes de la UCA.

FMLN no dio sus votos para autorizar al Ejecutivo la suscripción del préstamo con el BCIE. Foto EDH / David Martínez

Por Diana Escalante / C. Fuentes

Mar 09, 2020- 16:13

Con nueve votos, diputados de la Comisión de Hacienda emitieron este lunes un dictamen favorable para que autorizar al Gobierno que negocie con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) el crédito de $109 millones para la fase III del Plan Control Territorial.

El dictamen será presentado al pleno, para su aprobación, el próximo jueves.

El jefe de fracción de ARENA, Carlos Reyes, explicó que dieron sus votos tras el acuerdo de que se le harán modificaciones a la solicitud del préstamo, estas tienen que ver con la redistribución de más de $18 millones en la compra de uniformes y vehículos para la Policía Nacional Civil (PNC).

El FMLN no votó. La diputada Yanci Urbina argumentó que el tema no está suficientemente discutido y el gobierno no ha logrado resolver dudas sobre el uso que se le dará al dinero. Urbina señaló que hubo un “súbito interés” de ARENA por avalar el crédito.

Ya con anterioridad, algunos diputados habían expresado que un punto de honor para avalar la negociación del préstamo es que en lugar de adquirir un buque que costará $13 millones y que no tiene la capacidad en velocidad para perseguir y combatir al narcotráfico, el Gobierno adquiera mejor tres o cuatro lanchas rápidas que superen los 45 nudos de velocidad a un costo de $1.6 millones.

Esto fue confirmado por el diputado del PDC Rodolfo Parker, quien en un tuit afirmó que se depurará la lista de equipos a adquirir con el préstamo. Además, se pidió que quede establecido en el dictamen la creación de un “Marco legal regulatorio para la operatividad de las cámaras de videovigilancia”.

Para que se autorice el préstamo al Ejecutivo se necesitan 43 votos, número que puede ser alcanzado sin los votos del partido de izquierda.

Esta tarde la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa recibió al ministro de Haciendo, Nelson Fuentes, y a representantes de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas para ampliar sobre la firma del préstamo.

Los delegados de la UCA han pedido a los legisladores hacer un estudio detallado del tema. Mientras que Fuentes explicó detalles de la distribución del crédito.

La semana pasada se tenía previsto avalar el préstamo, sin embargo, el pasado viernes, los diputados solicitaron algunas modificaciones para dar sus votos al préstamo de $109 millones con el BCIE porque encontraron unas incongruencias en la información con la presentada por Hacienda a la Asamblea Legislativa.

Según los diputados, hay varios gastos que no concuerdan con los precios del mercado. De acuerdo a las declaraciones, del monto total, 18 millones de dólares se pueden reorientar. Los parlamentarios dijeron que no descartan que se han inflado algunos costos para temas de corrupción.

El préstamo de $109 millones fue el detonante del fallido intento de golpe de Estado ordenado por el presidente Nayib Bukele el domingo 9 de febrero contra el Órgano Legislativo.

En un hecho sin precedentes usando al Ejército, a la Policía y a las fuerzas antimotines, el presidente se tomó la Asamblea Legislativa y desde el Salón Azul les advirtió a los diputados que aprobaran el préstamo.

Diputados consultaron al BCIE si militarización de Asamblea no viola condiciones del préstamo 

El pasado lunes 2 de marzo, los diputados de la comisión de Hacienda mostraron preocupación a los representantes del BCI), sobre el impacto a las condiciones del préstamo de $109 millones.

Los legisladores indicaron que los hechos del 9 de febrero podrían haber contaminado el proceso de aprobación de dicho préstamo.

Por ejemplo, la diputada Margarita Escobar de ARENA manifestó que los actos del 9 de febrero violan la carta Interamericana de Derechos Humanos y consultó al BCIE si ese antecedente no afecta la aprobación del crédito.

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