La Cámara Primero de lo Penal declaró este martes rebelde al diputado del Parlamento Centroamericano, Norman Quijano, y ordenó a la Policía que lo capture, por no comparecer a la audiencia inicial en su contra por los delitos de fraude electoral y asociaciones ilícitas. Además, la Cámara resolvió que continúe el proceso a la fase de instrucción.
Sin embargo, la orden de captura solo tiene vigencia en el territorio nacional, debido a que la Secretaría General de la Policía Internacional (Interpol) informó en octubre de 2021 que no perseguirá a Quijano por considerar que es “un asunto político”.
Según la acusación fiscal, el excandidato presidencial de ARENA, a inicios de marzo de 2014 sostuvo una reunión con cabecillas de pandillas en la cual les habría ofrecido, que de ganar las elecciones, destinaría $100 millones de dólares del presupuesto general de la nación para programas de reinserción a beneficio de ellos y de sus familias.
Los fiscales del Grupo contra la Impunidad expresaron que el encuentro fue realizado en la Sede de Pastores, en la colonia Flor Blanca, días antes que se realizará la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.
La defensa por su parte alegó que no hay suficiente prueba que demuestre la participación de Quijano en los delitos que le imputa el Ministerio Público.
El abogado defensor, Lisandro Quintanilla, explicó que los audios y las escuchas telefónicas de la reunión que la Fiscalía ha presentado como prueba “demuestran que en esa reunión Quijano expuso de cómo podría abordarse el problema de la delincuencia y la reinserción, los problemas del sistema carcelario y ofreció como parte de su plan de gobierno un componente presupuestario para cumplir esas promesas de campaña”.
Por lo tanto, según el defensor con esos audios presentados por la Fiscalía no se puede sostener que hubo una asociación ilícita y fraude electoral.
Además, la Fiscalía afirma que supuestamente el candidato habría entregado a las pandillas través de otras personas la cantidad de $100,000.00, los cuales fueron distribuidos $50,000.00 para la Mara Salvatrucha, $25,000.00 para la pandilla 18 y $25,000.00 para los 18 Revolucionarios, a cambio de la petición de votos.
Como prueba el Ministerio Público ha presentado las entrevistas de dos testigos criteriados (pandilleros), uno de ellos es Noé, quien fue utilizado por la Fiscalía para delatar a 425 pandilleros en el juicio del caso conocido como operación Cuscatlán.
Los nuevos magistrados en la Cámara de lo Penal dieron paso atrás a una resolución del 24 de septiembre de 2021 cuando había decretado nulidad absoluta al proceso judicial contra del exdiputado de ARENA y expresidente de la Asamblea Legislativa, Norman Quijano, según informó en esa ocasión a través de su cuenta de Twitter el fiscal impuesto Rodolfo Delgado.