Los títulos de grado universitario, las placas provisionales y permanentes de vehículos y motocicletas que supuestamente producían los imputados en dos imprentas capitalinas tenían una calidad casi igual que los originales, sin embargo ciertos detalles sembraron la duda en las autoridades a la hora de exigirlos, lo que originó la investigación.
Por $100 dólares una persona se convertía de la noche a la mañana en ingeniero industrial, publicista, mercadólogo u obtenía otro título universitario que en la vida real le demandaría de cinco a diez años de estudios, según sea su condición económica y disponibilidad para estudiar en la universidad.
El subcomisionado Juan Carlos Arévalo, jefe de la delegación San Salvador Centro afirmó que los tres detenidos “falsificaban títulos, pruebas para la PAES, certificaciones y documentos de identidad”.
Agregó que esos documentos eran para estafar y para hacer cómplices de delitos a otras personas que los adquirían.
“Se ha decomisado gran parte de placas de automóviles, motocicletas y gran cantidad de sellos”, manifestó el oficial.
Por eso, los detenidos identificados como Nelson Edgardo Guzmán Olmedo de 50 años, Nicolás Pérez Mártir de 63, serán procesados por los delitos de posesión y tenencia ilícita de placas de circulación, falsificación y uso de sellos oficiales; falsedad ideológica (documento oficial con información falsa) y falsedad material (documento falso), afirmó el subcomisionado Arévalo.
Un tercero conocido como Milton Fabricio Guzmán Olmedo, de 55 años será procesado por modificación de placas y seriales de vehículos automotores, falsedad material y falsedad ideológica.
El jefe policial afirmó que la calidad de sus falsificaciones reflejaban cierta experiencia, “significa que ya tienen cierto tiempo de estar dedicándose a esta actividad, además conocen y han trabajado con este tipo de documento , y la creación de reproducciones de sellos que autenticaban los títulos”.
Además de sellos, los implicados han falsificado firmas para darle el valor legal a los títulos y venderlos a los interesados, dijo el subcomisionado.
Según el oficial, los imputados trabajaban con dos tipos de personas: quienes eran directamente víctimas que adquirían documentos que consideraban legales pero que tenían un origen ilícito y otras personas que eran posiblemente victimarios de manera directamente para obtener los documentos que ellos producían para luego estafar a otras personas.
¿Cómo surgió la investigación?
Un subinspector que pidió no ser identificado señaló que el caso surgió de una fuente anónima de que esa imprenta se falsificaban títulos.
Por su parte del jefe de la Delegación Centro manifestó que los documentos eran utilizados en algunas actividades e incluso en los controles vehiculares “hemos encontrado personas que conducen vehículos, piensan que los han comprado legalmente pero al verificar resulta que no coinciden los datos y no tienen un origen lícito.
Evidencias del fraude en las imprentas
Policía decomisó 200 sellos a imprentas
Esa es una de las evidencias que las autoridades tienen para llevar ante los tribunales a los imputados. Esos sellos son para darle garantía y valor legal a los títulos que supuestamente emitieron las universidades afectadas.
Placa de motos y vehículos, así como moldes
Además, la Policía confiscó una cantidad aún no determinadas de placas de circulación para vehículos y motocicletas falsificadas; así como, los moldes y los CPU donde tenían los programas informáticos con el que burlaban la legalidad.
“De ahí parten algunas investigaciones, también hubo denuncias sobre la irregularidad de estos documentos y estos nos ha llevado a realizar pesquisas durante varias semanas que afortunadamente ahora están dejando estos resultado”.
En el allanamiento a la imprenta situada sobre la alameda Juan Pablo II y Avenida Monseñor Romero, las autoridades les decomisaron varias decenas de sellos de universidades y otras instituciones.
Además más de un centenar de títulos de universidades entre ellas la de El Salvador y otras privadas.
Los títulos que supuestamente reproducían los acusados eran para graduados con honores o con elevadas notas que por su condición no necesitaban realizar la tesis como parte de los requisitos de graduación. Ayer un equipo de El Diario de Hoy visitó las instalaciones de la imprenta para verificar si se hallaba cerrada y la sorpresa fue que estaba funcionando.
Un empleado que la atendía de manera franca afirmó que sus jefes y patrones fueron detenidos, el empleado se quejó de la dureza de las autoridades para proceder en esos casos. El encargado del negocio afirmó que como cualquier imprenta llegan personas con documentos para su reconstrucción original sin perjudicar ninguna institución.
¿Qué pasará con sus clientes?
Una de las inquietudes que surge frente a este caso es, si las personas que compraron o mandaron hacer esos títulos han cometido delito y sí serán procesadas también.
De acuerdo con las autoridades, al nivel de la investigación todavía no se puede determinar alguna responsabilidad penal para esas personas.
“El caso está comenzando y se analiza su situación; si van a entrar como testigos víctimas o como sospechosas”, explicó otro oficial de la Policía Nacional Civil.
En esta fase de la investigación habrá que ver como se sustenta que los nombres que aparecen en los títulos solicitaron esos servicios.
“Habrá que revisar sí hay otros documentos como facturas o algún comprobante de pago con el que se pueda sustentar que ellos mandaron hacer esos títulos”, afirmó el subinspector. Lo cierto es que las autoridades cuentan con abundantes evidencias como los títulos que los interesados habían mandado hacer y donde están sus nombres.
El Diario de Hoy consultó a las universidades que aparecen en los membretes de los títulos falsos para conocer su postura frente este fraude pero dijeron que preferían no adelantarla.
En el caso de la Universidad de El Salvador, una de las afectadas la secretaria de Rectoría dijo que no se encontraba el funcionario, tampoco el jefe de la sede Fiscal se encontraba en su oficina para expresar su opinión.