El impacto generado por la pandemia por el covid-19 ha aumentado las brechas que ya existían entre la población del área rural y urbana en diversos aspectos como el acceso a la educación, agua potable, tecnologías, entre otros, de acuerdo con el reciente Informe de Coyuntura Social 2020-2021, el cual fue presentado por la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social ( Fusades).
Según el informe la brecha sociales en hogares en situación de pobreza incrementó un 3.66 % en el área rural con respecto a la zona urbana, hogares con acceso a internet en un 32.63 % , hogares con acceso a agua potable por cañería incrementó una brecha del 19.59 % , asistencia de niño a nivel educativo adecuado para su edad incrementó a 8.74 %, mientras que la situación de inseguridad alimentaria incrementó a 5.66 % en el área rural con respecto a la zona urbana. (Gráfica 1)
Según el informe del Departamento de Estudios Sociales, la pandemia de COVID-19 cambió la forma de vivir, estudiar y trabajar de los salvadoreños, particularmente de aquellos que desde antes estaban en condición de vulnerabilidad. Agrega que además del impacto en la salud, se ampliaron brechas sociales, la pobreza aumentó y se volvieron más evidentes las dificultades que persisten en el país para el desarrollo de capacidades humanas. Esta realidad, combinada con las dificultades de acceso a oportunidades económicas y sociales en los territorios, refuerza los incentivos a la migración irregular, destaca el documento.
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Por lo tanto, el documento hace énfasis en que se sumen esfuerzos en un abordaje integral del problema económico y social, además de resaltar la importancia de invertir en la primera infancia.
También destaca la necesidad de que el Gobierno brinde datos e información, sobre los impactos del covid en la educación, salud, economía, empleo entre otros, para que mediante estos se pueda profundizar sobre los efectos negativos de la pandemia como ¿qué efectos tuvo la emergencia del COVID-19 en la calidad de vida de diferentes grupos poblacionales?,¿qué elementos están limitando el desarrollo de capacidades en la primera infancia?, y ¿cómo la continuidad educativa aumenta la probabilidad de acceso a oportunidades de desarrollo de las personas?
Entre los hallazgos encontrados a través del estudio se destaca que muchos niños y niñas de 0 a 7 años han estado fuera del sistema educativo formal, quedando su desarrollo en manos de sus familiares; 854,854 demandaban servicios educativos en 2020, a quienes la oferta busca cubrir a través de modalidades institucionales y comunitarias. Sin embargo, esta es menor en el nivel inicial, en comparación con parvularia y primer grado.
Agrega que hay más niños en edades tempranas sin atención educativa: por ejemplo, casi todos los de 3 años o menos, sin importar la condición socioeconómica. También destaca que al menos dos de cada cinco niños de la primera infancia tienen rezago educativo, es decir, no estudian el grado que les corresponde según su edad.
Por otra parte, el entorno puede limitar su acceso a educación y recursos que les permitan desarrollarse integralmente. Muchos viven en pobreza, vivienda inadecuada, inestabilidad económica y sin herramientas digitales o competencias parentales que acompañen el proceso. “Prueba de ello es la pandemia, contexto en el cual algunos niños lograron estudiar ante el cierre de escuelas y otros no, poniendo en riesgo el desarrollo infantil temprano, aumentando las brechas preexistentes y generando una pérdida desigual de aprendizaje”, detalla el documento.}
Además, explica que el cierre de las escuelas afectó la seguridad alimentaria de los hogares con niños de primera infancia. Cuéllar-Marchelli (2021b), citando una encuesta del Ministerio de Educación (MINED) y otros, señala que 63.9% de las familias incluidas disminuyeron el consumo de alimentos por la pérdida de ingresos, y 30.3% por el aumento de precios
Según el informe 21 de cada 100 hogares urbanos y 15 de cada 100 hogares rurales están en situación de inseguridad alimentaria
Mientras que según los datos de las Encuestas de Hogares de Propósitos Múltiples (EHPM) de 2019 y 2020 evidencian que la población rural enfrenta mayores retos que la urbana en el acceso a bienes y servicios básicos. Las desigualdades entre ambas áreas persisten y, mayoritariamente, se agravaron tras un año de pandemia. Las disparidades más amplias son el acceso a internet, a agua por cañerías y a seguro de salud. En el caso de la desigualdad más grande, de cada 100 hogares urbanos, 39 poseen internet; mientras que de cada 100 en el área rural, lo poseen 7.
En el estudio también se desarrollan temas como la pérdida del trabajo formal y como esto contribuyó a que el sector informal creciera, lo cual deterioró la calidad del empleo salvadoreño, según datos de la Dirección General de Estadística y Censos (DIGESTYC 2020 y 2021a), el subempleo aumentó en 2.2 y el desempleo en 0.6 puntos porcentuales a nivel nacional, entre 2019 y 2020. El 69.3% de las personas en el sector informal pertenecen, al menos, a un grupo vulnerable.
El documentó destaca que la políticas de Gobierno para el abordaje de los temas fueron insuficientes y superficiales, “estas medidas, atendieron a la solución de las problemáticas emergentes, priorizando el aseguramiento de la supervivencia en el corto plazo”, destaca el documento.
El gobierno entregó paquetes alimenticios (Ministerio de Gobernación, 2021) y aunque el Sistema para la Integración Centroamericana (SICA, 2020) indica que la ayuda brindada desde el Estado fue fundamental para reducir el efecto de la pandemia; sin embargo, los datos muestran que esta medida no fue suficiente para evitar la profundización de la inseguridad alimentaria durante la pandemia, que aumentó debido a “estas enfrentaron numerosos desafíos, como poca claridad de los mecanismos de entrega, dificultades para focalizar, politización de la ayuda y baja transparencia y rendición de cuentas”, detalla Helga Elisa Cuéllar-Marchelli, directora del Departamento de DES de Fusades.