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Organizaciones denuncian irregularidades en captura de excombatientes
La Policía acusa al grupo de excombatientes y veteranos de planificar un supuesto atentado con explosivos.
Organizaciones defensoras de derechos humanos y movimientos populares presentaron la mañana de este jueves una denuncia ante la Procuraduría de Derechos Humanos (PDDH) argumentando violaciones a derechos humanos en la captura de nueve excombatientes y veteranos de guerra realizada el 31 de mayo de este año.
Los capturados identificados como: José Santos Melara, Atilio Montalvo, Pedro Alfonso Mira, Eliseo Alvarado, Wilfredo Parada, Orlando Cartagena, Douglas Recinos, José Ismael Santos, Roberto Antonio Esquivel son integrantes de la Alianza Nacional El Salvador en Paz, un movimiento social que ha criticado al gobierno de Bukele.
Ivania Cruz, abogada del Comité de Familiares de Presas y Presos Políticos de El Salvador (Cofappes), manifestó que se trataría de un caso fabricado con el objetivo de criminalizar el trabajo de las organizaciones sociales.
“Estos compañeros son líderes, luchadores sociales, defensores de derechos humanos, en el cual se les está fabricando un caso de delitos que estas personas no han cometido, no son delincuentes, ni apologistas de actos terroristas, como este gobierno intentar hacer ver y criminalizar el trabajo de las organizaciones sociales”, expuso.
Organizaciones sociales presentaron un escrito a la @PDDHElSalvador denunciando vulneraciones a los derechos humanos contra excombatientes y veteranos de guerra, explicó Ivania Cruz de @cofappes. pic.twitter.com/uCx2SZrkp8
— Radio YSUCA 91.7 FM (@ysuca91siete) June 6, 2024
La abogada agregó que las acusaciones realizadas por las autoridades de seguridad a través de redes sociales, carecen de rigor jurídico y formal.
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“Estos hechos representan capturas arbitrarias y están siendo tomadas dentro del régimen de excepción, el cual debe aplicar únicamente para el crimen organizado y para las pandillas”, agregó.
Cruz explicó que las autoridades no han cumplido con la protección de la cadena de custodia, como establece la ley.
“El audio que circuló que no es un audio claro que determine un hecho delictivo, también está contaminado porque lo hicieron público, ya no entra dentro de una prueba dentro de un proceso penal”, dijo.
La abogada agregó que, en cuanto a los morteros supuestamente decomisados a los capturados, no hay especificación del orígen.
“Una persona los puede hacer, tomar fotografías e implicar a otra persona, es ahí donde estamos diciendo lo peligroso y grave de fabricar un escenario para involucrar a unas personas imponiéndoles ciertos delitos”, manifestó.
Los denunciantes solicitaron la intervención de la procuradora de derechos humanos Raquel Caballero de Guevara. “Venimos a solicitar la intervención de ella en este caso, porque existen graves violaciones de derechos humanos, violentan las leyes y la Constitución de la República, además, de los tratados internacionales”, manifestó Cruz.
La Policía acusa a los detenidos de planificar un supuesto atentado con explosivos contra gasolineras, supermercados e instituciones públicas y como pruebas aseguran haber decomisado “sulfato de amonio” , es decir, fertilizante utilizado en los cultivos.