Estados Unidos prohibió hoy al diputado salvadoreño José Antonio Almendáriz Rivas ingresar a su territorio por su participación en “graves violaciones” a los derechos humanos relacionadas con el asesinato de la médica española Begoña García Arandigoyen en 1990 durante la Guerra Civil (1982-1992).
La decisión de prohibirle el ingreso obedece a “su participación en graves violaciones a los derechos humanos, por la ejecución extrajudicial de la ciudadana española la doctor Begoña García de Arandigoyen el 10 de septiembre de 1990 en El Salvador”, dijo el titular del Departamento de Estado, Mike Pompeo, en un comunicado.
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Esta designación se utiliza cuando hay información “creíble” de que funcionarios de gobiernos extranjeros han estado involucrados en graves violaciones a los derechos humanos o en actos de corrupción significativos.
Como consecuencia tanto Almendáriz como los miembros de su familia inmediata tienen prohibida la entrada a Estados Unidos.
Begoña García estaba en El Salvador como cooperante desde 1989. Como médico era voluntaria de la guerrilla Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).
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Según los archivos de la Comisión de la Verdad sobre la Guerra Civil entre 1980 y 1992, García fue detenida por una brigada de infantería, de la cual Almendáriz era teniente coronel.
Esta comisión estableció que García fue ejecutada extrajudicialmente cuando tenía 24 años y que los oficiales a cargo -entre ellos Almendáriz- encubrieron los hechos.
“La acción de hoy resalta nuestro apoyo a los derechos humanos y nuestro compromiso con la justicia para las víctimas y para promover que haya una rendición de cuentas para los perpetradores”, indicó la diplomacia estadounidense.
García Arandigoyen ingresó al país en septiembre de 1989 para colaborar como médico de la entonces guerrilla del FMLN. Fue ejecutada luego de su captura el 10 de septiembre de 1990.
Según un informe pericial de la Comisión de la Verdad, García Arandigoyen fue capturada y ejecutada. La autopsia hecha en España describe heridas inconsistentes con heridas ocurridas en combate y que son típicas de heridas producto de la ejecución. La herida en la nuca a la base del cráneo y otra en el pecho superior fueron resultado de un disparo a pocos centímetros de distancia.
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Almendáriz Rivas se suma a otros 13 salvadoreños recientemente designados bajo la disposición legal 7031c por su participación en graves violaciones a los derechos humanos.
Los otros 13 salvadoreños son los exmilitares salvadoreños involucrados en la planificación y ejecución de las ejecuciones extrajudiciales de seis sacerdotes jesuitas y otros dos refugiados en el centro pastoral jesuita el 16 de noviembre de 1989 en el campus de la Universidad Americana de El Salvador: Juan Rafael Bustillo, Juan Orlando Zepeda, Inocente Orlando Montano Morales, Francisco Elena Fuentes, Guillermo Alfredo Benavides Moreno, Yusshy René Mendoza Vallecillos, José Ricardo Espinoza Guerra , Gonzalo Guevara Cerritos, Carlos Camilo Hernández Barahona, Oscar Mariano Amaya Grimaldi, Antonio Ramiro Avalos Vargas, Angel Pérez Vásquez y José Alberto Sierra Ascencio. Ellos fueron incluidos en esa disposición en enero de este año.
Almendáriz fue incluido en esa disposición junto a seis oficiales jamaiquinos involucrados en las ejecuciones extrajudiciales de cuatro personas en 2003, así como a un jefe policial de la provincia china de Xiamen por violaciones a los derechos humanos del grupo religioso Falun Gong.
Almendáriz conocía decisión de Estados Unidos
El parlamentario salvadoreño comentó que ya había sido informado sobre la decisión que había tomado Estados Unidos sobre su ingreso a ese país.
“Esto no es nuevo, me fue comunicado a través de un cónsul de la embajada cuando se derogó la ley de Amnistía“, comentó Almedáriz.
Además, sostuvo que esperaba que, con la nueva ley, “los que no fuimos escuchados, sino que declarados culpables por la Comisión de la Verdad durante la comisión de Acuerdos de Paz tuviéramos la oportunidad de aclarar la situación”.
También señaló que él no tenía mando en la tropa que combatía en el lugar donde fue asesinada la doctora española, que él solo cumplió la orden de ir en un helicóptero a constatar la injerencia de personas de la ETA aquí en El Salvador.
“Se abrió un caso en Santa Ana en el cual todas las personas fueron llamadas a atestiguar, ninguna me menciona a mí porque en ningún momento di la orden ni estuve en el lugar”, comentó el diputado.