Recomendar al presidente Nayib Bukele destituir al Ministro de Salud Pública, Francisco Alabí, es la principal conclusión que hacen los diputados de la comisión especial que analizó la administración que el gobierno hizo de la emergencia derivada por la pandemia por COVID-19, tras concluir el mandato de dicha instancia.
La recomendación surge tras encontrar varias irregularidades como la falta de transparencia y conflicto de intereses, pues la comisión corroboró mediante la ministra de Turismo, Morena Valdez, que un familiar del ministro de Salud fue contratado por Turismo para alquilar locales que sirvieron como centros de contención, después de la recomendación favorable del Ministerio de Salud.
La comisión especial dictaminó ayer emitir un informe en el que destacan que no existió un plan de manejo integral de la pandemia en su fase crítica y si lo hubo no fue conocido públicamente.
Señalan que el gobierno no manejó de forma transparente los datos estadísticos de muertes y casos de COVID-19 y la cantidad de pruebas realizadas a la población.
Concluyeron que del préstamo de $25 millones que el Seguro Social transfirió en equipos al nuevo Hospital El Salvador, no está definida la forma en que se realizará el reintegro de dichos fondos al ISSS, aunque Alabí mencionó en su momento que el pago sería en servicios pediátricos en el Hospital de Niños Benjamín Bloom que el Seguro Social no brinda.
Además, exhortan a ministros, viceministros y demás funcionarios del Órgano Ejecutivo a que “cesen los bloqueos a la información pública de carácter epidemiológica”; y al Ministro de Salud le solicitan que realice un trabajo técnico sanitario, “apartado de cualquier inclinación política que vaya en detrimento de los Derechos Humanos de los salvadoreños”.
La Comisión especial enviará el informe a la Fiscalía, al Tribunal de Ética Gubernamental, a Human Rights Watch y al Congreso y Senado de los Estados Unidos.