Las investigaciones sobre el manejo que ha hecho el Gobierno de los recursos públicos durante la pandemia siguen viento en popa. El foco ahora se centra en la comisionada Presidencial Carolina Recinos y el ministro de Salud, Francisco Alabí. Prueba de ello es que la Fiscalía General de la República (FGR) ha solicitado información al Ministerio de Justicia de España por las sospechas de "negociaciones ilícitas en las compras hechas en 2020", según publica la Revista Factum.
El periódico digital asegura en su publicación que la Fiscalía ha pedido información del empresario español Francisco Javier Sánchez-Brunete Herraiz, quien es el único administrador de Javi Performance Parts SL, una empresa de venta de repuestos que vendió al Ministerio de Salud (Minsal) insumos médicos por $12 millones.
"La solicitud de información de Recinos, Alabí y Sánchez-Brunete a España es la primera novedad de la investigación fiscal por más de $155 millones en compras públicas de insumos médicos y alimentos durante la pandemia. El trámite de asistencia internacional pone en la escena de la investigación a la comisionada Recinos, quien mueve los hilos de varias decisiones del Ejecutivo, y quien llevó la batuta del gabinete ampliado de salud al inicio de la emergencia. Ella ha defendido las contrataciones realizadas, a pesar de 17 irregularidades que la prensa salvadoreña sacó a la luz", señala Factúm.
¿Qué se sabe hasta el momento?
Excuñada de la comisionada Presidencial
La Fiscalía investiga la compra de servicios de alimentación a la excuñada de la comisionada presidencial Recinos, Blanca Judith Meléndez Portillo, por un monto de $549,359.41. Meléndez Portillo es la expareja de Herberth Orlando Recinos, hermano de la funcionaria, además de gerente de Fondeo y Cooperación de Bandesal.
En julio de 2020 se conoció que Meléndez Portillo aparecía como contratista del ministerio de Seguridad y Justicia, según en el segundo informe de gestión y ejecución de gastos para atender la emergencia sanitaria.
El Ministerio de Seguridad le otorgó el contrato denominado “Adquisición de alimentación para personal que apoyará el Plan de Emergencia Alimentaria" en el marco de la emergencia nacional decretada por la pandemia COVID-19 por un monto total de $549,359.41, según publicación de El Diario de Hoy.
Sánchez-Brunete
Según consignó también una publicación de El Diario de Hoy, el 13 de abril del año pasado, el Gobierno de El Salvador cerró un contrato donde acordó comprarle a esta pequeña empresa española 1,500,000 mascarillas, 150,000 gabachones médicos no estériles y 300,000 caretas no estériles. Todo por un monto de $5,085,000. Sin embargo, las compras ascienden a $11,927,050, según documentación entregada a la Asamblea Legislativa.
"La orden de compra 148/2020 de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional del Ministerio de Salud establece la compra de 1,500,000 mascarillas tipo KN95 a un costo de $2.04 cada una; 150,000 gabachones médicos no estériles a un precio de $8.00 cada uno; y 300,000 caretas acrílicas a $2.75 cada una. Lo que suma al final los $5,085,000. El documento establece que el dinero provendría de los 'Fondos Fopromid Donaciones'. Por parte del Gobierno firmó Francisco José Alabí, ministro de Salud, y Javier Sánchez Brunete Herraiz, como administrador de Javi Performance Parts SL", consignó EDH en una publicación de julio de 2020.
Factum asegura que según la Adenda No 0000098, la empresa fue eximida de la presentación de seguros y fianzas, a pesar de ser un requisito exigido a los proveedores como garantía.
"Por ser un proveedor del extranjero, se realizaría pago anticipado y de manera ‘excepcional’ no se exigirá la presentación de garantía de buena inversión de anticipo", se establece en el documento que la Revista tiene y que está firmado por Alabí.
Esto sería pagado con el dinero proveniente de donaciones del Fondo de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres (FOPROMID) que permitía obviar los procesos establecidos en LACAP. El Comité de Veeduría Ciudadana reveló que este procedimiento fue usado por el Gobierno para manejar los $607.1 millones aprobados por el parlamento sin someterse a control los fondos públicos.
Pero eso no es todo, "Francisco Javier Sánchez-Brunete Herraiz, según el Registro Mercantil español, siguió moviéndose en el mundo de los negocios tras venderle insumos al Gobierno salvadoreño. El 19 de agosto de 2020, fue nombrado como administrador solidario de PROMAUTO 2020 SL, una empresa de mantenimiento, venta y reparación de vehículos de motor y proveedora de repuestos. Días después, el 9 de septiembre de 2020, registró la empresa JSB Medical Supplier 2020 SL, para el comercio, exportaciones e importaciones de aparatos electrónicos, productos sanitarios, mobiliario de oficina, entre otros. El mismo mes también inscribió la empresa Madrid Trading Comercio 2020 SL para hacer negocios de insumos médicos y otros productos", describe Factum.
Francisco Alabí, el referente de Salud durante la pandemia
El ministro de Salud presuntamente compró $225,000 en insumos médicos a empresa de su familia a cargo de Celina Quiñónez, quien es la tía política de Alabí y madre de sus primos hermanos José Ángel, Gonzalo y Violeta Montoya Quiñónez.
Además, el Minsal negó a la CICIES el documento que hacía constar la compra de botas de hule por el monto antes mencionado a la sociedad Autodo.
La compra consistió en 26,000 pares de botas de hule marca “Tornado” a un precio unitario de $7.50 cada par sin incluir IVA, según detalla la orden de compra que aparece en el sistema electrónico de compras del Estado llamada Comprasal.
En una investigación de Gato Encerrado se revela que el Ministro Alabí firmó la orden de compra 133/2020 y en ella también está la firma de Celina Quiñónez, en su calidad de representante de la empresa Autodo S.A de C.V., pero el detalle es que la señora Quiñónez es la esposa del tío del Ministro.
Según la investigación periodística, la tía política del ministro Alabí, es la presidenta y representante legal de Autodo, una empresa que se dedica a la venta de repuestos para vehículos. Mientras que los hijos de esta y primos de Alabí, todos de apellido Montoya Quiñónez, aparecen como miembros de la junta directiva de la empresa, según el Centro Nacional de Registros.
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En resumen, el ministro Alabí compró con fondos del Estado productos para uso del Ministerio de Salud que preside a una empresa de su parentela.
Además, en un reporte de la Corte de Cuentas revela que el Minsal pagó por el alquiler de una casa para usarla como centro de contención, el inmueble es propiedad de Ángel Montoya, primo del ministro de Salud y por si fuera poco, nunca fue usada para el fin estipulado, a pesar que el Gobierno pagó $12,000 por el arrendamiento.
El hecho fue admitido por el mismo Alabí en la Comisión Especial de la Asamblea: "en efecto, Ángel Montoya tiene una relación familiar conmigo".
Estos son algunos de los principales hallazgos de corrupción que están en la mira de las autoridades y donde están involucrados los funcionarios de Gobierno.
Compras durante la pandemia, en la mira de EE.UU.
Un informe del Departamento de Estado de Estados Unidos da cuenta de cómo durante 2020 en el gobierno de Nayib Bukele hubo indicios de corrupción, particularmente en las compras dirigidas a paliar los efectos de la pandemia del COVID-19.
Según dicho informe, a pesar de que el marco legal salvadoreño castiga el mal uso de recursos públicos, “la corrupción y la impunidad permanecen endémicos”.
En particular, el Departamento de Estado da cuenta de múltiples reportes periodísticos que vinculan al gobierno de Nayib Bukele con irregularidades y presuntos actos de corrupción en la adquisición de insumos médicos y bienes básicos para atender la pandemia del COVID-19, la crisis económica y social producto de los cierres de numerosas industrias.
“En junio, julio y agosto (de 2020), la prensa local reportó sobre compras gubernamentales irregulares de comida, equipo de protección personal y otros insumos para combatir la pandemia del COVID-19”, menciona el informe.