La Asamblea aprobó con 43 votos este jueves emitir un informe final de la comisión que indagó las acciones que realizó el Ejecutivo “afectando el tratamiento, prevención y combate de la pandemia”.
En sus 14 conclusiones finales, el documento revela que, al haber analizado las participaciones de instituciones públicas, expertos y las demás personas que asistieron en calidad de declarantes a la comisión, se establece que el Ejecutivo realizó de manera sistemática, acciones irregulares que afectaron el tratamiento, la prevención y el combate de la Pandemia por COVID-19, sobre todo en su fase crítica en El Salvador.
Que el gobierno central no tuvo durante esa etapa crítica un plan de manejo integral de la pandemia y si existió no fue dado a conocer a la población.
Además, que el Ministerio de Salud manejó de manera poco transparente los datos estadísticos durante la pandemia, tal como lo manifestaron los expertos que acudieron a la comisión, sobre información de personas fallecidas, de casos confirmados y de pruebas realizadas de COVID-19.
Que el Seguro Social brindó al Ejecutivo un préstamo de $25 millones, para que se utilizaran en el Hospital El Salvador. Sin embargo, en la Ley Orgánica del ISSS no se contempla que se puedan realizar ese tipo de transacciones. Se desconoce también que no está definida la forma en que se realizará el reintegro de dicho recurso financiero al ISSS.
Asimismo, que el gobierno usó durante la fase más crítica de la pandemia las cadenas nacionales de radio y televisión para “exagerar y manipular las proyecciones matemáticas sobre la evolución de la enfermedad”. Lo anterior, con el objetivo de infundir miedo y terror para intentar disciplinar a la población.
También que el personal sanitario se contagió debido a que el Ministerio de Salud y el ISSS no les dotaron de equipos de bioseguridad necesarios e idóneos de manera oportuna y pertinente para la atención de pacientes que adolecían de la enfermedad.
Que el Ministerio de Obras Públicas incumplió el plazo para la entrega del proyecto de construcción de la fase III del hospital El Salvador, la cual estaba prevista para finales del mes de julio de 2020.
Por estas anomalías, entre otras, la comisión especial recomienda:
Al presidente Nayib Bukele, a sus ministros, viceministros y demás funcionarios públicos pertenecientes al Órgano Ejecutivo que cumplan el mandato que les es dado por Constitución en su artículo 86, especialmente en lo relativo a la colaboración entre sí, en el ejercicio de las funciones públicas.
La destitución del Ministro de Salud Pública, Francisco Alabí, por las irregularidades encontradas, falta de transparencia y conflicto de intereses.
Además, que cesen los bloqueos de información pública de carácter epidemiológica, entre otros.
La Asamblea deberá certificar dicho informe a la Fiscalía, al Tribunal de Ética Gubernamental y a la Corte de Cuentas de la República, con el fin de que se investigue el posible cometimiento de delitos por parte del Consejo Directivo y de la actual directora del Seguro Social, en relación al préstamo de $25 millones entregado al gobierno central.
También se notificará a la Fiscalía el posible cometimiento de delitos por parte de la presidenta del Instituto Salvadoreño de Rehabilitación Integral y a la Directora del Centro de Atención a Ancianos Sara Zaldívar, en relación a que desconocen la ubicación o estado de salud de 51 adultos mayores que estaban bajo su tutela.