La comisión especial terminó su mandato concluyendo que en total el gobierno dispuso de $4,500 millones para enfrentar la pandemia, recursos que fueron aprobados una parte por la Asamblea en créditos y reorientaciones de fondos, y otros que fueron adquiridos por medio de emisión de bonos y Letes.
La principal conclusión es que en el manejo de ese dinero hay varias irregularidades que no fueron desvirtuadas por los Ministros que llegaron a la comisión especial a explicar cómo habían administrado los fondos asignados.
El diputado René Portillo Cuadra, de ARENA, explicó hace un par de días en qué sentido van las conclusiones de la comisión especial.
“De acuerdo a lo presentado por el expresidente del Banco Central de Reserva, el gobierno sí tuvo durante la pandemia alrededor de $4,500 millones que sirvieron para financiar el tema de salud, compra de granos básicos y los $300 que se le dieron a la población, a quiénes lo recibieron”, apuntó Portillo Cuadra.
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Añadió que además de esos $4,500 millones que la Asamblea aprobó al gobierno, este adquirió más deuda a través de la emisión de Letes y Cetes, tanto de compras y colocaciones nacionales como internacionales que ayudaron a poder financiar el Presupuesto General de la Nación de 2020.
Entre las conclusiones se detalla que no existe evidencia del traslado del dinero que el Ministerio de Economía hizo a los bancos para entregar el bono de $300 que el gobierno repartió entre la población más afectada por la pandemia, porque la Ministra de Turismo, María Luisa Hayem Brevé, no compareció a la comisión a aclarar ese punto.
También concluyeron que el Fondo para la Prevención y Mitigación de Desastres (Fopromid), manejado por el exministro de Gobernación y ahora alcalde electo de San Salvador, Mario Durán, fue administrado sin aval de la directiva de ese Fondo y se distribuyeron de forma directa por el extitular de Gobernación.
El exministro de Agricultura y Ganadería, Pablo Anliker, es uno de los más cuestionados. Ahora ocupa el cargo de viceministro del MAG.
En el informe se destaca, según Portillo Cuadra, que Anliker contrató servicios y bienes durante la pandemia superior a los ingresos que había recibido.
“Es decir, él contrató por una cantidad mayor de lo que realmente la cartera de Estado estaba manejando”, ahondó Portillo Cuadra el 20 de abril.