Organizaciones sociales salvadoreñas reiteraron su rechazo a la propuesta de Ley de Agentes Extranjeros impulsada por el Ejecutivo, porque señalan que entre otras cosas “ahuyenta la poca cooperación internacional” que recibe el país.
“Reiteramos nuestro total rechazo a la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros que el gobierno del presidente Bukele y su bancada legislativa buscan aprobar con el objetivo político de restringir el apoyo solidario de la cooperación internacional y debilitar el rol de las organizaciones de sociedad civil”, reza el comunicado de la Coordinadora Salvadoreña de Movimientos Populares.
El gobierno salvadoreño ha enviado a la Asamblea Legislativa dicha propuesta para su discusión y aprobación, en ese sentido, las organizaciones exigen archivar de manera definitiva el anteproyecto de Ley, por considerar que es una ley innecesaria y malintencionada que tendría graves consecuencias, no solo para organizaciones sociales, sino para poblaciones beneficiadas.
Lorena Murillo, representante de la Coordinadora de Movimientos Populares dijo este miércoles en conferencia de prensa que “esta ley realmente busca darles persecución política a las organizaciones no gubernamentales y debilitar el trabajo que se está haciendo desde la cooperación internacional y desde las oenegés”.
Destacaron que las organizaciones siempre han actuado con transparencia y que además están reguladas en la ley de Asociaciones, por lo que si quisieran hacer algunas reformas podrían hacerlo desde dicha normativa y “no inventando una ley arbitraria y ambigua que el único propósito que tiene es de regular las actividades de las asociaciones y de prohibirles su accionar”.
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Por otra parte, enfatizaron que lo que la propuesta está ahuyentando la poca cooperación que hay en el país. “El país ya no es el más visto para el apoyo, sino que están viendo otros países como África o países que están en conflicto, entonces la poca cooperación que viene para el desarrollo, ellos la están ahuyentando”, apuntó Murillo.
En ese mismo sentido opinó Amalia López de la Alianza Nacional contra la privatización del Agua, quien explicó cuáles son las expectativas que tiene sobre esta ley.
“Esperamos que se retome el camino, que se corrijan la plana, esperamos que manden al archivo definitivamente esta ley, eso es lo que esperamos. De no hacerse de esa manera lo que tendremos es un franco Estado de violación permanente de los Derechos Humanos”, advirtió.
Además, cuestionó el cobro del 40% por ciento que establece el artículo 10 de la normativa y criticó las declaraciones del presidente del órgano legislativo.
“Me ocasiona rabia que este presidente de la Asamblea (Ernesto Castro) dice que nosotros no queremos pagar, nosotros somos de las organizaciones que mas transparencia tenemos que brindar a nuestros cooperantes y tenemos controles desde el Estado, así que no le veo la gracia esas declaraciones”, manifestó.
Las organizaciones también recordaron que a nivel internacional tal iniciativa ha sido duramente criticada. Y es que personeros de la talla del relator especial de Naciones Unidas para la libertad de asociación, Clément Voule, de la relatora de la ONU para la defensa de los derechos humanos, Mary Lawlor, representantes de la Cámara baja de los Estados Unidos Albio Sires, Mark Green, Jim McGovern y Norma Torres, así como organizaciones como la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH), Transparencia Internacional, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) entre otras han externado su preocupación por esta ley.
Algunas organizaciones firmantes de este comunicado son la Mesa por la Soberanía Alimentaria, Foro del Agua El Salvador, Mesa Nacional Frente a la Minería, Alianza Nacional contra la Privatización del Agua, Mesa Permanente para Gestión de Riesgos, entre otras.
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