El Salvador ha experimentado durante este 2021 "graves retrocesos en materia de transparencia, la lucha contra la corrupción y en desmantelamiento democrático", señalaron este lunes organizaciones civiles, situación que reiteraron se agravó desde la instalación de la nueva Asamblea Legislativa liderada por el oficialismo el pasado 1 de mayo con el golpe al Órgano Judicial y la destitución del Fiscal General, así como se refleja a través de una serie de peticiones que se promueven desde el Ejecutivo y esta ha avalado sin "amplio debate".
Así lo plasmaron las asociaciones en un diagnóstico que presentaron en el marco de la semana de la transparencia y en el que denunciaron el bloqueo al acceso a la información pública ante las declaratorias de reservas de datos impuestas por el mismo Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), Asamblea y otras entidades gubernamentales, entre estas el Ministerio de Salud.
"Preocupa que desde la Asamblea Legislativa a peticiones del Ejecutivo se promueva la aprobación de normativas arbitrarias que promocionan la impunidad, la opacidad y facilitan el cometimiento de acciones ilícitas, como por ejemplo la Ley para Uso de Tratamientos Médicos en Situaciones Excepcionales de Salud Pública ocasionadas por la pandemia del COVID-19, la Ley del Bitcoin, la reforma de la carrera judicial y la Ley Orgánica de la Fiscalía. También es alarmante la promoción de propuestas que atentan contra los derechos fundamentales como la libertad de expresión y de prensa, así como a acceso a la información y manifestación y asociación", apuntó Dionisio Guerrero, del Centro de Estudios Jurídico.
El trabajo de la FGR, el Tribunal de Ética Gubernamental y la Corte de Cuentas también fue cuestionado.
"No se puede llegar a conocer cuáles son los avances y retos que tienen las instituciones para cumplir sobre acceso a información pública, sino lo que estamos viendo es lo que en 10 años se había ganado al poder tener información sobre el quehacer estatal ahora está cada vez en mayor opacidad y oscurantismo", indicó Xenia Hernández, de la Fundación Democracia, Transparencia y Justicia (DTJ).
Representantes de organizaciones civiles, además, denunciaron la amenaza a derechos fundamentales que consideran se ha agudizado en los últimos meses, en los que reportaron ataques no solo a ONG sino a activistas, defensores de derechos humanos, investigadores, medios de comunicación y periodistas considerados críticos de las autoridades.
"Hay amenazas a la libertad de expresión, acoso y persecución a periodistas por parte de las autoridades gubernamentales, detenciones arbitrarias e ilegales a activistas digitales, a defensores humanos y ambientales por declaraciones en contra de políticas abusivas en contra el gobierno... También hay amenazas a los derechos a la privacidad y protección a datos personales, hay falta de garantía ante las alertas que se recibieron de Apple, por el posible espionaje a voces críticas, igual a datos de la población que a través de la Chivo Walllet se han vulnerado los datos de su DUI.", afirmó Hernández.
"En nombre de los salvadoreños se está ocultando información, en el nombre de la población salvadoreña se está abusando del poder y se está limitando su propio derecho y la ciudadanía tiene derecho y actuar en consecuencia", manifestó Ruth Eleonora López, de Cristosal.
Ricardo Castaneda, del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI), manifestó su preocupación porque "este año, por ejemplo, se intentó ocultar el presupuesto 2022 y por primera vez se nos ha negado la base de datos del presupuesto que permite analizar y conocer cómo exactamente se están utilizando los recursos públicos. Las instituciones deben cambiar su actuar y transparentarse".
Criticaron que a través de la propuesta de Ley de Agentes Extranjeros "se intente crear acciones para atacar la sostenibilidad económica de las organizaciones de la sociedad civil", pese a que aseguran que estas ya son fiscalizadas a través de los ministerios de Hacienda, Gobernación y Trabajo.
En este contexto, el director de Acción Ciudadana, Eduardo Escobar, señaló que el "financiamiento de partidos políticos" también es "un componente de la gestión pública", por lo que insistió en que Nuevas Ideas debe "transparentar" los recursos que ha recibido, pues alegó que dicho instituto político "tiene el control legislativo y está exigiendo a las organizaciones transparencia".
Hernández lamentó que ante los retrocesos en materia de transparencia en el uso de recursos públicos y el combate a la corrupción "no se vislumbra voluntad política para impulsar cambios que permitan enfrentar estos desafíos".
La semana de la transparencia se desarrollará del 7 al 10 de diciembre bajo la modalidad virtual. El evento es organizado por el Consorcio por la Transparencia y Lucha contra la Corrupción, Cristosal, Acción Ciudadana, Fundación DTJ, ICEFI y la UCA, entre otros.