Organizaciones alertan escalada de represión contra la sociedad civil en El Salvador

Más de 70 Organizaciones No Gubernamentales (ONG) se pronunciaron esta mañana para alertar sobre un incremento de la persecución contra personas y organizaciones que defienden derechos humanos en El Salvador.

Las organizaciones cuestionaron la reciente aprobación de la Ley de Agentes Extranjeros, que impone un impuesto del 30% a las donaciones desde el extranjero para las ONG. Consideran que esta ley es una herramienta para reprimir a la sociedad civil y a las voces que critiquen al Gobierno de Nayib Bukele. También señalaron que en las últimas dos semanas se han incrementado las capturas de personas defensoras de derechos humanos, y exigen su liberación.

“Es un intento de reprimir el trabajo de denuncia y de exigencia de rendición de cuentas. No perdamos de vista que aunque esta ley intenta silenciarnos, las agresiones a las personas defensoras continúan”, dijo Verónica Reyna, representante del Servicio Social Pasionista (SSPAS).

Las organizaciones señalaron que la discrecionalidad de la ley pone en riesgo la labor de las organizaciones sociales que le resulten incómodas al Gobierno de Bukele, porque será un ente gubernamental el que decida lo que pueda representar una “amenaza a la seguridad nacional”.

Las organizaciones pidieron una respuesta contundente del cuerpo diplomático que, según consideran, se verá condicionado en la forma que deben cooperar.

"Desmentimos lo que se dice que las organizaciones de la sociedad civil no rendimos cuentas. Nosotros le rendimos cuentas a las instituciones salvadoreñas competentes", dijo el director de Acción Ciudadana, Eduardo Escobar.

En la conferencia también hubo participación de organizaciones internacionales,  que también alertaron los peligros de esta ley. “Esta ley no es original de El Salvador ha tenido distintas versiones, similares se han aprobado en Venezuela, Rusia, Nicaragua. Y en todos estos países la experiencia ha sido la persecución a la sociedad civil. Estas leyes se hacen para perseguir y para tratar de eliminar cualquier voz crítica”, dijo Leonor Arteaga, directora de programas de la Fundación para el Debido Proceso (DLPF), organización con sede en Washington.

En las últimas dos semanas fueron capturadas al menos tres personas que defendían derechos humanos desde la sociedad civil: Ruth López, abogada anticorrupción; Alejandro Henríquez, abogado ambientalista; y el pastor de la Iglesia Elim, José Ángel Pérez. Las organizaciones exigieron su liberación.

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