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Organismos sociales sostienen que el país no debe volver a un régimen autoritario

Las entidades se unieron para emitir un pronunciamiento ante los hechos del 9 de febrero pasado, cuando el presidente Bukele invadió la Asamblea

Por Violeta Rivas | Feb 09, 2021- 13:46

Una de las primeras muestras del autoritarismo de Bukele ocurrió el 9 de febrero de 2020, cuando irrumpió en la Asamblea Legislativa rodeado de militares. Foto: EDH / Archivo

Organizaciones de la sociedad civil emitieron un pronunciamiento, en redes sociales, para resaltar que, ante los hechos ocurridos el 9 de febrero del año pasado, cuando el presidente Nayib Bukele entró por la fuerza a la Asamblea Legislativa, defenderán la Constitución, la República, la democracia con la confianza de que los salvadoreños y la comunidad internacional los acompañarán en esta lucha.

Javier Simán, Presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), dijo que todas las esperanzas de la población ante un nuevo gobierno se perdieron el 9 de febrero del 2020 se convirtieron en incertidumbre y decepción “Ese día, ahora conocido como el 9F en un alarde de autoritarismo, el presidente Bukele se tomó la Asamblea Legislativa junto a la Fuerza Armada y la Policía Nacional, se sentó en el lugar reservado al presidente del Órgano Legislativo y dejó claro que él tenía el poder, amenazando con destituir a los diputados que no le aprobaran los créditos que le estaban siendo cuestionados”, recordó Simán.

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Agregó que ese día la democracia del país retrocedió 40 años, cuando los golpes de Estado eran frecuentes y que pasará a la historia como el día que un presidente de la República, con sus “berrinches” intentó destruir la democracia y convertirse en emperador.

Comenta que ese día también fue triste para una institución respetada en el país, como es la Fuerza Armada, que fue politizada y desprestigiada por el gobernante de turno. “Nuestra patria, con sus defectos y sus virtudes es una república, donde el poder emana del pueblo y no del gobernante”, sostuvo Simán.

José Vivanco, director de la división de las Américas de Human Rights Watch, dijo que una de las más grandes amenazas al orden democrático en toda América Latina se dio en el país el 9F un hecho que considera insólito y sin precedentes en la historia reciente de la región.

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“Indudablemente que se trató de un acto de matonaje, de un acto que perseguía intimidar a los legisladores, y obviamente también este hecho demostró el profundo desprecio que el actual mandatario de El Salvador, el señor Bukele, siente por las reglas del juego democrático, la falta de respeto por el Estado de derecho y principios elementales de un orden democrático que refleja valores universales”, expresó Vivanco.

Rodolfo González, presidente del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional sección El Salvador, opinó en un mensaje en redes sociales que el 9 de febrero se vio un ejercicio de autoritarismo de gran magnitud del actual Ejecutivo, una ruptura del orden constitucional donde se hizo una demostración de la incomodidad de los controles entre Órganos del Estado, ya que se estaban realizando interpelaciones por parte de la Asamblea Legislativa.

“Fue el punto de partida para una serie de actos autoritarios que se realizaron durante todo el año 2020 en el manejo de la pandemia, en el manejo de los fondos públicos, la deuda pública y el incumplimiento de fallos judiciales, de la máxima instancia judicial del país que es la Sala de lo Constitucional.

El 9F marcó claramente la vena autoritaria por parte del presidente de la República, el incumplimiento de la subordinación a la legalidad y a la institucionalidad por parte de la Fuerza Armada”, señaló González.

Roberto Rubio, director ejecutivo de la Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde) opinó que hay que tratar de interpretar los signos detrás del 9F, porque los hechos de ese día revelaron la esencia del proyecto de Gobierno del presidente Bukele, que no es de carácter político sino de concentración de poder donde la democracia le es incómoda.

“Esto lo vimos justamente el 9F, el intento de concentrar el poder, de tomarse la Asamblea Legislativa, fue una toma militar de la Asamblea Legislativa, un proyecto de concentración de poder donde la democracia le es incómoda, donde las otras instituciones que pueden hacerle contrapeso le incomodan”, señaló Rubio.

Ruth López, abogada y demandante del proceso de inconstitucionalidad del 9F, quien manifestó que ese día se expresó la resistencia del Ejecutivo sobre las decisiones del Legislativo como los rasgos autoritarios que desde esa fecha son cada vez más evidentes.

“Creo que no podemos enmarcar el 9F solo en un momento, tenemos que verlo en contexto, es decir que días antes del 9F hubo visitas a los legisladores, nocturnas en sus viviendas para presionarlos, también como medida de presión se les retiró su seguridad pero además hubo una campaña articulada en redes sociales, hubo llamados a la insurrección en caso de que la Asamblea Legislativa no sesionara el consejo de ministros”, comentó López.

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