Hace un año, el presidente de la República, Nayib Bukele, cruzó una línea de difícil retorno. En un intento por presionar a los diputados de la Asamblea Legislativa, militarizó y llenó de policías fuertemente armados la sede de la Asamblea Legislativa.
Este ha sido el golpe más fuerte a la frágil y joven democracia salvadoreña desde la firma de los Acuerdos de Paz en 1992. En ese momento, se buscó dar fin precisamente a la violencia política, a la instrumentalización de los cuerpos de seguridad y se apostó por anteponer la negociación y el diálogo sobre la amenaza.
Todas esas líneas fueron pisoteadas ese domingo 9 de febrero de 2020 por el presidente Nayib Bukele, en su afán por enviar un mensaje intimidatorio a los partidos de oposición.
Durante todo el fin de semana de la toma, ordenó retirar la seguridad de los diputados y patrullas merodeaban las casas de varios legisladores de oposición, en un intento por forzar una discusión que ya estaba agendada para la semana siguiente. El ministro de la Defensa, en clara contraposición al espíritu de los Acuerdos de Paz, convocó a una conferencia de prensa y juró lealtad máxima al comandante en jefe, y no a la Constitución.
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El domingo por la tarde, el gobierno acarreó en vehículos con placas nacionales a cientos de militantes del partido de Bukele, Nuevas Ideas, y montaron una tarima donde estas personas fueron arengadas y recibieron discursos de odio a los diputados y a los opositores al gobierno.
Posteriormente, y sin invitación de ninguna autoridad del Congreso, Bukele ingresó con militares fuertemente armados al recinto legislativo y se sentó a orar en la silla del presidente de la Asamblea, Mario Ponce. Luego salió donde la turba arengada y dijo que “Dios” le había pedido paciencia, algo que no sentó bien para un grupo que parecía esperar, cuando menos, la disolución de la Asamblea Legislativa. Es decir, un autogolpe de Estado.
El crédito, la excusa
Detrás de la toma de la Asamblea, se encontraba una convocatoria ilegal que el presidente había hecho a los diputados para sesionar de emergencia y discutir un crédito de $109 millones para financiar la tercera etapa de su Plan de Control Territorial.
Los diputados tenían dudas al respecto del destino de los fondos y estas no habían sido contestadas por el presidente o su equipo. Asimismo, seguían esperando que el Gobierno remitiera la solicitud de ratificación de otro empréstito de $91 millones. Pero estos cuestionamientos no sentaron bien a un Ejecutivo que lejos de aclarar dudas y rendir cuentas, eligió crear un conflicto y pintar la imagen de diputados que adversaban la seguridad ciudadana.
Asimismo, el gobierno hizo una lectura antojadiza pero incorrecta del artículo 167 de la Constitución que permite al Consejo de Ministros convocar a los diputados a una sesión de emergencia si la Asamblea no está reunida. Esto último aplica a situaciones de emergencia y en este caso, el crédito ya estaba en discusión, por lo que no procedía la moción.
De no ir, Bukele y sus seguidores amenazaban con invocar el 87 de la Carta Magna, que reconoce el derecho a la insurrección, algo que tampoco aplicaba pues no había un rompimiento institucional, sino un intento por manipular y presionar a la Asamblea por parte del Ejecutivo.
Llegado el domingo, y ante la firmeza de legisladores de oposición de no asistir a una convocatoria ilegal, Bukele armó el espectáculo y se hizo acompañar de las armas.
Esto marcó el retorno de los fusiles a la política nacional, un vicio que parecía superado, pero que ha retomado fuerza en El Salvador.
Ese día, además de un intento fallido de autogolpe de Estado y de haber mostrado claramente su faceta autoritaria, Bukele abrió una puerta peligrosa: la de tratar a los cuerpos de seguridad como guardias pretorianas y no como instrumentos profesionales al servicio de la Constitución.
Un año después, esto tiene al borde del abismo a la democracia salvadoreña.
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