Oficina de Derechos Humanos de la ONU expresa preocupación ante Ley de Agentes Extranjeros en El Salvador

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos, dirigida por Volker Türk, expresó su preocupación por la aprobación de la Ley de Agentes Extranjeros por parte de la Asamblea Legislativa el pasado martes, que fue promovida por el presidente de la República, Nayib Bukele.

"Nos preocupa seriamente la adopción de legislación en El Salvador que requiere a las personas naturales y jurídicas que reciben financiación de donantes internacionales a registrarse como “agentes extranjeros”. Tendrán que pagar un impuesto del 30 % de su financiación y se arriesgan a fuertes multas y sanciones en caso de no hacerlo", dice el comunicad de prensa divulgado este viernes.

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El comunicado, que está suscrito por Liz Throssell, portavoz de la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, indica que la ley, "contiene un lenguaje ambiguo y disposiciones que podrían restringir indebidamente los derechos a la libertad de asociación y de expresión".

"Esto podría estigmatizar y repercutir negativamente en la importante labor de derechos humanos que llevan a cabo las organizaciones de la sociedad civil en El Salvador, con algunas pudiéndose ver obligadas a interrumpir sus actividades, dice la Oficina.

Por lo que insta a las autoridades salvadoreñas "a que respeten sus obligaciones en virtud del derecho internacional de los derechos humanos y a que garanticen un entorno propicio en el que la sociedad civil pueda desempeñar su función esencial".

Afectaciones a ONG

Representantes de unas 70 organizaciones sociales cuestionaron las intenciones de la ley y consideran que es una herramienta para reprimir a la sociedad civil y a las voces que critiquen al Gobierno de Nayib Bukele. También señalaron que en las últimas dos semanas se han incrementado las capturas de personas defensoras de derechos humanos, y exigen su liberación.

“Esta ley no es original de El Salvador ha tenido distintas versiones, similares se han aprobado en Venezuela, Rusia, Nicaragua. Y en todos estos países la experiencia ha sido la persecución a la sociedad civil. Estas leyes se hacen para perseguir y para tratar de eliminar cualquier voz crítica”, dijo Leonor Arteaga, directora de programas de la Fundación para el Debido Proceso (DLPF), organización con sede en Washington.

Otros especialistas han señalado que la ley tiene bastante similitud con la del mismo nombre aprobada en Nicaragua en 2020 y que afectó a miles de Organizaciones No Gubernamentales (ONG).

Ambas crean un Registro de Agentes Extranjeros (RAEX) como dependencia de los respectivos ministerios de Gobernación.

Cancelar la personería jurídica es una medida que están en ambas leyes para los casos que las organizaciones no se registren en la instancia establecida.

La Ley establece las obligaciones del registro y formas de canalización de fondos por medio de instituciones supervisadas para las ONG. Si se incumple, el RAEX aplicará multas entre $100,000 y $150,000. Establece, además, prohibiciones a las ONG, y si las incumplen serán sancionadas con multa entre $150,000 y $250,000.

Además, el RAEX tendrá entre sus atribuciones solicitar la suspensión o cancelación de la personería jurídica o de la inscripción que autorizó su funcionamiento en el país. Lo que le dejaría un margen de maniobra bastante discrecional a la hora de decidir cuáles ONG podrían seguir operando en el país.

Según un análisis de Cristosal, la ley no establece un catalogo preciso de conductas delictivas, pero al imponer condiciones sobre las actividades que se consideran lícitas, abre la puerta a la persecución penal hacia ONG por medio de la Ley contra el Lavado de Dinero y otros activos.

En su articulado, establece que el RAEX deberá informar cada seis meses a la Fiscalía General de la República (FGR) sobre todas las actividades de las personas calificadas como "agentes extranjeros".

La ley enviada por Nayib Bukele dice en el artículo 9, literal "b" de las prohibiciones: "Realizar actividades para fines políticos u otros, con el objetivo de: alterar el orden público, que pongan en riesgo o amenacen la seguridad nacional o la estabilidad social y política del país".

"Al prohibir que se realicen actividades que pongan en peligro la 'estabilidad política' se estaría impidiendo que se investiguen actos de corrupción pública, violaciones a derechos humanos, y cualquier acto que el Gobierno califique como dañino a la "estabilidad política", enfatiza un análisis de Cristosal.

Legislación atroz

La organización Human Rights Watch (HRW) también reiteró su rechazo a la ley, la cual sería una amenaza a la sociedad civil.

"No cabe duda de que la Ley de Agentes Extranjeros busca silenciar a quienes denuncian la corrupción, las violaciones de derechos humanos y las negociaciones secretas entre los líderes de las pandillas y el gobierno de Bukele", afirmó Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de HRW.

Agregó que "la comunidad internacional debería repudiar esta legislación atroz" y que quienes han criticado una legislación similar en Nicaragua y Rusia no deben callar ahora.

La ley otorga al gobierno amplias facultades para vigilar, sancionar y clausurar organizaciones estigmatizadas como "agentes extranjeros", lo cual no ayuda a la transparencia; solo reprime el disenso, según HRW.

También prohíbe las donaciones anónimas y exige una aprobación previa para modificar el uso de los recursos.

Sin funcionar entes de control

Por su parte, la abogada Roxana Cardona, comentó que la represión al pueblo, silenciando instituciones defensoras, fortaleció el lazo entre ONG y un grupo vulnerado. "La Ley de Agentes Extranjeros es una ley dirigida a los donantes que los ve como entes inmiscuidos en asuntos internos, esto le traerá un aislamiento no solo en materia de cooperación, si no comerciales", dijo.

Consideró que las organizaciones sociales han asumido funciones que de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humano (PDDH), la Procuraduría General de la República (PGR) y la Corte de Cuentas de la República (CCR), que son entes de fiscalización, defensa y promoción de derechos; pero que están centralizados bajo el Ejecutivo.

"Al no hacer esta función, las ONG lo han asumido, ejerciendo una presión social y política, convirtiéndose en una amenaza para el control del gobierno. Estas organizaciones promueven cambios, documentan violaciones, señalan abusos de corrupción, viendo un peligro el gobierno con su actuar", expresó en redes sociales.