En un conversatorio reciente, el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, señaló que El Salvador enfrenta una situación preocupante para la democracia.
Sin la contundencia con la que se han pronunciado otros actores dentro y fuera del país, Almagro expresó en un foro virtual organizado por Diálogo Interamericano que “nuestros informes técnicos muestran determinados niveles de alteración del orden constitucional”.
Asimismo, agregó que la OEA ha emitido algunos pronunciamientos ante episodios de desmantelamiento de la democracia, como la remoción ilegal y forzosa de magistrados de la Sala de lo Constitucional y el Fiscal General de la República el 1 de mayo pasado.
El 2 de mayo, el ente hemisférico emitió un pronunciamiento que iniciaba así: “La Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) expresa que, ante las decisiones adoptadas ayer por la Asamblea Legislativa de El Salvador, rechaza la destitución de los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y la del Fiscal General, Raúl Melara, así como las acciones del Poder Ejecutivo que guiaron estas decisiones”.
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En este comunicado, recordó que las mayorías parlamentarias no pueden utilizarse para socavar los principios pluralistas ni el balance de los poderes.
Y cuatro meses después de ese suceso, Almagro sigue reconociendo que hay una situación preocupante en El Salvador. Sin embargo, afirmó que el aparato hemisférico no se mueve a la misma velocidad de la sociedad civil o las organizaciones no gubernamentales que, además de condenar los abusos de Bukele, le exigen a la OEA más contundencia y mayor celeridad en sus posturas.
Este reconocimiento del secretario general, si bien luce tímido en contraste con las enérgicas condenas de otros actores, supone un contraste con sus posturas iniciales con respecto a la administración de Nayib Bukele.
Ante sus primeros grandes abusos de poder, como la intolerancia a la crítica, el hostigamiento a sus opositores o la militarización de la Asamblea Legislativa en un fallido intento de golpe el 9 de mayo de 2020, el secretario general guardó silencio o, peor aún, justificó estos hechos. En un conversatorio con jóvenes manifestó que el país vivía un “sistema político vibrante” y posteriormente calificó de “voces histéricas” a quienes denunciaban estos excesos.
Pero esto parece estar cambiando y la OEA ya no excusa estas conductas antidemocráticas del oficialismo salvadoreño.
“Caso gravísimo”
En este foro también participó Diego García-Sayán, el relator de las Naciones Unidas para la Independencia Judicial. En su participación, calificó la situación de balance de poderes y democracia en El Salvador como gravísima y manifestó que el país actúa como muchos otros que están siguiendo una “ola autoritaria en el mundo”.
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Esta ola, explicó, tiene un pilar fundamental: “el ataque y la demolición de la independencia judicial”.
En El Salvador, eso se ha visto en el desconocimiento del presidente Bukele de sentencias judiciales, en la remoción forzosa de magistrados que limitaron su poder para sustituirlos por gente afín a su proyecto político, en las reformas recientes a la carrera judicial que favorecerían una purga de jueces, así como la toma de la Fiscalía para convertirla en otro brazo del oficialismo.
Ante estos visibles abusos, García-Sayán lamentó que “es sorprendente la lentitud de los países democráticos en reaccionar” y expresó que “han ido demorando cada vez más” en pronunciarse cuando sus vecinos están al borde del abismo autoritario.
Ante esto, el jurista argentino Santiago Cantón expresó que “el silencio de los Estados aturde” y señaló una profunda “falta de liderazgo” en las democracias del hemisferio para defender estos principios.
Solo unos días atrás, en una entrevista con la cadena CNN, Cantón expresó que con los hechos recientes (toma de instituciones, purga de jueces, aval a reelección), “El Salvador no es más una democracia”.
A su juicio, la región está viviendo uno de sus peores momentos en cuanto a la democracia y El Salvador es uno de esos casos.
Caudillismo “está vivito y coleando”
La socióloga y activista prodemocracia Mariclaire Acosta coincidió con el diagnóstico de Cantón y García-Sayán, y considera que la democracia y el Estado de derecho están pasando momentos duros en la región.
En su participación en el foro virtual, lamentó que “el caudillismo está vivito y coleando” a pesar de los esfuerzos durante décadas por institucionalizar la política y que dependa de procesos, y no del capricho personalista de algunos.
Para ello, colocó los ejemplos de Andrés Manuel López Obrador, presidente mexicano; Nicolás Maduro, su par venezolano; y el salvadoreño Nayib Bukele. En todos estos casos, agregó Acosta, la política nacional gira en torno a su figura y no a un entramado de políticas de Estado.
A su juicio, salvo en el caso de Maduro, los otros dos líderes llegaron al poder por la vía electoral y desde ese momento comenzaron a erosionar las normas democráticas.
Y esta erosión, lamentó, le resta credibilidad al trabajo que hacen organismos hemisféricos como la OEA para salvaguardar el Estado de derecho y prevenir nuevos autoritarismos en la región.
GOLPES A LA DEMOCRACIA EN EL SALVADOR
Concentración del poder
Cuando todas las instituciones dependen del capricho de una persona, como está comenzando a pasar en El Salvador, los derechos de todos, y especialmente de los críticos al régimen, están en gran peligro.
En El Salvador, una persona determina las acciones del Ejecutivo, del Legislativo, de la justicia constitucional (pilar para evitar abusos de poder), de la Fiscalía (que persigue o engaveta delitos) y busca tomar control de los jueces.
Politización de los cuerpos de seguridad
En una democracia funcional, los policías y militares deben responder a la Constitución y no ser utilizados como herramientas de intimidación, presión o represión de quienes no están alineados al poder.Bajo Nayib Bukele, este rol legal de los cuerpos armados se desdibuja y cada vez más actúan siguiendo caprichos de poder. Por ejemplo, militares y policías se tomaron la Asamblea para presionar a diputados, policías ejecutaron el golpe del 1 de mayo, y fueron policías quienes capturaron de forma ilegal a un joven crítico de la Ley Bitcoin.
El 9 de febrero de 2020 Nayib Bukele se tomó el Salón Azul acompañado de militares con armas largas. La Policía también estuvo allí, justificó, al igual que el Ministerio de Defensa, que solo daban seguridad. Foto EDH / archivo
Acoso a críticos
En los dos años de gobierno de Nayib Bukele, ha habido una práctica de acoso, hostigamiento y humillación a quienes se oponen a cómo se ejerce el poder.
Además, el ejercicio periodístico está bajo ataque y hay esfuerzos numerosos y significativos, como lo expuso el gobierno de Estados Unidos en mayo de 2020, para “silenciar las voces críticas”.
Ocultar información
Un derecho fundamental es la libertad de expresión, que tiene como contraparte acceder a información de cómo se maneja el Estado y los fondos públicos.
Pero la administración de Nayib Bukele ha capturado a las instancias que velan por la transparencia y mantiene ocultos datos que sirven para entender cómo gobiernan, más allá de los eslóganes y propaganda.