Uno de los argumentos principales de los presidentes y los gobiernos que socavan el Estado de derecho es denunciar “interferencia” o “injerencia” cuando otros Estados y actores multilaterales les señalan el camino autoritario o los golpes a la democracia.
Lo hicieron Hugo Chávez y Nicolás Maduro en Venezuela, Daniel Ortega en Nicaragua, Rafael Correa en Ecuador y casi todos los “líderes” autoritarios de los últimos años. Y más recientemente, aquí en El Salvador, es un mensaje que ha externado el presidente Nayib Bukele, ante las olas de condenas por sus conductas antidemocráticas.
Al respecto de ese discurso que denuncia la injerencia, el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, señaló en un conversatorio organizado por Diálogo Interamericano que “los recurrentes violadores (de la democracia y los derechos humanos) señalan el carácter injerencista” cuando se les evidencia.
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Sin embargo, Almagro explicó que según la Carta Democrática Interamericana, “la democracia y la defensa de los derechos humanos no son de jurisdicción interna exclusiva de los Estados”.
En palabras más simples, que un presidente violente la institucionalidad y consienta abusos de los derechos de sus ciudadanos es un problema que involucra a toda la región y que socava la estabilidad de todo el hemisferio.
Denunciarlo es responsabilidad de la toda la comunidad democrática internacional y nadie puede excusarse en una mala entendida concepción de soberanía para seguir golpeando el Estado de derecho.
Por ello, recalcó Almagro, “no es válido señalar carácter injerencista” y subrayó que nunca será intervencionismo velar por la democracia en las Américas.
Garantías mínimas
Esta democracia, dijo, debe tener como mínimo la protección y garantía de los derechos humanos, el respeto al Estado de derecho y la independencia de poderes, un régimen pluralista de partidos políticos, así como elecciones libres y justas.
En El Salvador, en todas esas áreas mencionadas por el diplomático uruguayo ha habido retrocesos en la gestión Bukele.
En poco más de dos años de su gobierno, ha habido violaciones a los derechos humanos por parte de sus cuerpos de seguridad, así como golpes a la libertad de expresión y de prensa, por citar algunas prácticas. Además, el mandatario está consolidando el poder sobre la base de golpes a la independencia judicial y captura de instituciones de control.
Ha habido una instrumentalización de las instituciones para hostigar a críticos y opositores, y en las elecciones no hubo condiciones de igualdad para todos los partidos, puesto que el oficialismo contó con el aparataje del Estado para hacer campaña (algo prohibido por la ley), mientras que a la oposición se le amarró política y financieramente.
Sanciones financieras y no solo diplomáticas
Almagro reconoció un vacío en las acciones de la OEA, puesto que se limitan a ejercer presión diplomática y no tienen más mecanismos para garantizar que las violaciones a derechos humanos cesen y la democracia se restituya. Además, admitió que sus procedimientos son lentos y no responden siempre a las exigencias de actores locales que demandan contundencia y celeridad en las condenas.
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Ante esto, señaló que valdría la pena explorar sanciones financieras a los Estados que incumplan la Carta Democrática Interamericana, la cual calificó de una referencia política y jurídica para que en todo el hemisferio los gobiernos se ciñan a sus facultades y respeten a aquellos que disienten o critican.
“Los temas financieros deberían estar ligados a las garantías democráticas”, dijo Almagro y concluyó: “Seguirle dando dinero a un pueblo que robó o no respeta la soberanía del pueblo es también como robarle a la gente”.
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