El presidente Nayib Bukele y el presidente de la Asamblea Legislativa, Mario Ponce, han sido citados por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia a una audiencia oral y pública que realizarán el próximo 30 de octubre en la que se revisará el cumplimiento de las obligaciones que le impuso una sentencia de inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz de 1993.
La audiencia, que estaba programada para el pasado 15 de abril pero no fue realizada por la emergencia por CVID-19, es parte del proceso de vigilancia y control que dicha sala lleva sobre la resolución de la sentencia que establece obligaciones decretadas para cada institución del Estado.
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Antes de la audiencia prevista para el 15 de abril, la Sala le había dado a la Asamblea un plazo para que emitiera una nueva ley de reconciliación nacional que incluyera los derechos y asistencia a las víctimas del conflicto armado, porque esta y otras acciones que se le ordenaron en la sentencia no las había cumplido.
Si bien la Asamblea emitió el decreto 575 que dio luz a la Ley Especial de Justicia Transicional, Reparación y Reconciliación Nacional, el presidente de la República la vetó el 28 de febrero de este año. Desde esa fecha, dicen los magistrados, la Asamblea no ha superado el veto ni se ha promovido ninguna controversia constitucional ante dicho tribunal.
Al Órgano Ejecutivo se le impuso en la sentencia diseñar, implementar y dar seguimiento a políticas de Estado en materia de respeto, protección, promoción y garantía de derechos fundamentales. Pero además se le obligaba a asegurar que las prioridades en la asignación y ejecución de recursos se orienten a tales fines.
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Ante tales obligaciones, la resolución de la Sala hecha pública esta tarde, el titular de la Asamblea tendrá que justificar por qué la Ley Especial de Justicia Transicional, Reparación y Reconciliación Nacional cumple con los elementos básicos de justicia transicional o en su defecto por qué hasta la fecha no ha superado el veto.
Mientras que Bukele, como presidente del Ejecutivo, deberá explicar las razones jurídicas por las que el decreto legislativo 575 que da pie a la ley no satisface las exigencias que la Constitución, la jurisprudencia constitucional y la jurisprudencia interamericana imponen es esta materia.
Los magistrados también le cuestionarán al mandatario qué políticas públicas ha implementado de manera concreta.
Además de los presidentes del Legislativo y el Ejecutivo, los magistrados de la Sala de lo Constitucional citan a a Fiscal General de la República, Raúl Melara; al ministro de la Defensa Francis Merino Monroy; al procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, José Apolonio Tobar Serrano.
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Asimismo, deberán comparecer los demandantes de cada uno de los procesos acumulados y los abogados del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (Idhuca) que fueron declarados amigos del proceso, según resolución emitida en 2018.
Al Fiscal, al Procurador de DD. HH. y a los abogados del Idhuca también les darán un espacio para que sienten posición sobre la constitucionalidad del decreto legislativo en mención.
Aunque la audiencia debe ser pública, esta vez se restringirá a las partes involucradas en el proceso; no se permitirá acceso a la prensa pero se asegura su transmisión por los canales publicitarios de la Corte Suprema de Justicia, según la resolución.
CONSULTA AQUÍ LA RESOLUCIÓN COMPLETA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL