Organismos internacionales que velan por la democracia solicitaron a la comunidad internacional y en específico a Estados Unidos que presione al Gobierno de Nayib Bukele para frenar las acciones contra el órgano judicial como la destitución de los magistrados de la Sala de lo Constitucional el 1 de mayo y la "purga" de jueces al aprobar reformas a la Ley de la Carrera Judicial.
Por ello solicita a la admisnitración de Joe Biden que revise los términos del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y El Salvador, el cual otorga beneficios arancelarios para los productos locales en el mercado estadounidense. Ya los congresistas norteamericanos han aprobado medidas de presión similares para el régimen de Daniel Ortega que ha emprendido una deriva autoritaria al estrechar el cerco contra los candidatos opositores y toda voz disidente al orteguismo.
"Dadas las amenazas a la democracia y el Estado de derecho en El Salvador, el gobierno de Estados Unidos debe tomar acciones como revisar los términos del CAFTA-DR y la participación de El Salvador en el acuerdo, así como trabajar con otros países miembros de la OEA para considerar la posibilidad de invocar el artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana, solicitando la convocatoria inmediata del Consejo Permanente para evaluar colectivamente la situación en El Salvador", dicen en un comunicado.
La Fundación para el Debido Proceso (DPLF), la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanoa (WOLA), Latin American Working Group (LAWG), la Fundación Internacional de Seattle (SIF) y Cristosal Centroamérica emitieron un comunicado conjunto en donde enumeran todos los actos en contra de la separación de poderes hechos por el Ejecutivo y la Asamblea Legislativa de mayoría oficialista y califican de inconstitucional el reciente fallo de la Sala Constitucional impuesta el 1 de mayo que permite la reelección del presidente Bukele, aunque haya al menos cinco artículo en la Carta Magna que lo prohiben.
"Desde que asumió la Presidencia y especialmente durante los últimos seis meses, Bukele y la Asamblea Nacional dominada por sus aliados han tomado una serie de medidas para debilitar el sistema de control y equilibrio, quebrantar el Estado de derecho, y cooptar el poder judicial del país, consolidando el poder en el Ejecutivo", dice la nota oficial.
Para los firmantes, la presión debe ser específica también en el área económica para que el gobierno vuelva a la senda democrática.
"Además, el gobierno de Estados Unidos y otros miembros de la comunidad internacional deben trabajar con el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, y el Banco Internacional de Desarrollo para limitar los préstamos en función de sus propios principios, que incluyen el respecto de las normas constitucionales", especifican las organizaciones.
Y remata: " Sólo con tales acciones la comunidad internacional reafirmará la importancia de las instituciones democráticas en El Salvador y condicionará cualquier apoyo al fortalecimiento de las mismas".
Debilitamiento
Las organizaciones tienen claro que la decisión tomada por la Sala impuesta el viernes pasado no pasa por el tamiz de la legalidad.
"La decisión del viernes de permitir la reelección presidencial es un resultado directo de lo que muchos llaman el “golpe técnico” que ocurrió el 1 de mayo, cuando la Asamblea Nacional encabezada por el partido Nuevas Ideas de Bukele
reemplazó ilegalmente a los cinco magistrados de la Sala Constitucional y al fiscal general. A través del fallo actual, esta Sala Constitucional recién formada viola la Constitución, la cual establece que cualquier individuo que se haya desempeñado en la Presidencia por más de seis meses durante el periodo inmediatamente anterior tendrá prohibido postularse para la reelección consecutiva, así como que el período presidencial no puede exceder los cinco años", declaran WOLA, la DPLF, LAWG y SIF.