Han pasado más de quince días, después de que una familia pasara por una de la situaciones más difíciles que alguien podría enfrentar; y es que el pasado viernes 28 de marzo en horas de la mañana, el Juzgado Primero de Instrucción de San Miguel les ordenó el desalojo de la que consideraban su vivienda, ubicada en la colonia Santa Emilia, en la misma jurisdicción.
El despojo estuvo bajo el acompañamiento de la Policía Nacional Civil (PNC). En el procedimiento un cerrajero procedió a cambiar la chapa de la puerta principal, mientras todas las pertenencias de la familia eran sacadas a la acera de la calle.
Dos adultos, dos menores de edad y un cachorro sufrieron esa situación en carne propia la cual se hizo al ojo público. Ese día relata doña Milagro Estrada, que se sintió completamente desprotegida y vulnerable, ya que no había más que hacer, todas las personas que hicieron las diligencias se retiraron del lugar mientras ella tenía en cuestión de horas buscar un lugar donde ubicarse para no quedarse en la calle.
Una hija de la señora, que vive en la misma colonia le ofreció su casa para alojarse, fue así que una a una fueron llevando las cosas y apilandolas en el interior, en medio de esa situación han pasado estos últimos días.
Lamentó que hasta la fecha ninguna institución gubernamental se les haya acercado para brindarle apoyo psicológico a los menores, tras el proceso tan traumático a lo que fueron expuestos los niños, como adultos ella y su esposo dice que no han podido conciliar el sueño normal desde entonces, preocupados pensando en qué pasará con esa propiedad que tanto esfuerzo les costó adquirir.
Considera que lo que se ha hecho con ella es injusto pero a pesar de todo ella tiene la esperanza que algún día se pueda hacer justicia para recobrar la casa, por ello no se quedó de brazos cruzados y junto a su abogada han seguido diligencias en el banco y otras entidades para buscar apelar al desalojo.
Actualmente en el caso está interpuesta una demanda contra el Juzgado Primero de Instrucción de San Miguel y contra el demandante, por considerarlo un acto arbitrario en perjuicio de la integridad de esta familia.
Doña Milagro apenas se reponía de la pérdida de su local, que se incendió en el mercado Gerardo Barrios hace algunos años, la situación le comprometió en deudas y tuvo que hipotecar esa casa, por lo que señala que sigue abonando a esa hipoteca, pese a que ya no se encuentra habitando la casa.
Este pleito legal ya tenía varios años, en el trasfondo de este problema la afectada Milagro Estrada, mencionó que por una remedición del propietario de la vivienda contigua que abarcó catastralmente su casa, esta persona está reclamando algo que no le pertenece, debido a que ella cuenta desde el año de 1993 con escritura pública inscrita en el registro de la propiedad sobre esa casa.
La defensa considera el despojo como acto arbitrario ya que había presentado un documento de suspensión mientras la situación se aclaraba, señala que como antecedentes desde el 2021 el señor demandante de la propiedad, estuvo tratando de con mentiras y con el auxilio de la policía de hacerlo pero no lo había logrado hasta esta ocasión.
“A la señora la trataba de arrendante queriendo cambiar las chapas de la propiedad y así en varias ocasiones en un proceso civil se agotó y hoy el Juzgado Primero de Instrucción se presta a violentarle los derechos cuando le hemos solicitado tiempo para esclarecer el asunto”, explicó Ruth Medrano, abogada de la persona desalojada.
Agregó que no era competencia del Juzgado Primero de Instrucción realizar el procedimiento debido a que ha incumplido una restricción comisionada por parte de los Juzgados 1o y 2o de Paz de la Jurisdicción, porque existía litigio entre las partes y la señora contaba con escritura pública.
La familia logró ser acogida en la propiedad de una de sus hijas donde permanecerá mientras se esclarecen los hechos.
Contraparte
El abogado de la parte demandante explicó que esas diligencias iniciaron en el año de 1995, y que el antiguo propietario de ese inmueble y de otros más ubicados en Ciudad Real, estafó al señor Carlos Rodríguez y a otras personas más, mencionó que en ese tiempo la normativa penal como la de ahora establece ante hechos delictivos la responsabilidad civil.
“El sujeto Miguel Ángel Alberto Díaz Alvarenga, un arquitecto fue condenado en consecuencia se le embargaron todos los bienes. La ejecución de la responsabilidad civil se ejecutó a partir del año 2,000 en cumplimiento de diligencias civiles”, indicó el abogado de la parte demandante Juan Yánez.
Según explicó, se realizaron las diligencias correspondientes y que fueron llevadas a su fin, pero quedó esa casa pendiente por cuestiones técnicas registrales, señaló que era una ocupación ilegal del inmueble por parte de la persona que la habitaba.