El diputado de ARENA, Francisco Lira, reaccionó a las medidas “boicot” económico contra El Salvador que busca implementar el gobernador de Illinois (Estados Unidos), JB Pritzker, luego que el país cooperara con las políticas del mandatario estadounidense, Donald Trump, en las deportaciones a cárceles salvadoreñas, pese a las órdenes judiciales que las suspendieron.
“La reacción del gobernador de Illinois, JB Pritzker, al tomar medidas contra El Salvador, muestra la seriedad con la que este caso se percibe en el ámbito internacional”, expresó Lira.
El gobernador solicita a la Junta de Inversiones del Estado de Illinois (ISBI), al Sistema de Jubilación de las Universidades Estatales (SURS) y al Sistema de Jubilación de Maestros (TRS) que revisen todas las inversiones lo antes posible para identificar si hay fondos invertidos en empresas que estén total o parcialmente gestionadas, propiedad del gobierno de El Salvador, organizadas bajo las leyes de El Salvador, o cuya sede principal esté en El Salvador.
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Actualmente, los sistemas de pensiones tienen prohibido invertir en las siguientes entidades: empresas que boicotean a Israel, empresas con fines de lucro que contratan para albergar niños migrantes, empresas restringidas por Irán, entidades expatriadas.
También busca detener adquisiciones a El Salvador en el estado y analizar el comercio con el país centroamericano.
“Resulta inaceptable que, mientras miles de salvadoreños esperan apoyo de sus instituciones, el gobierno de (Nayib) Bukele priorice su imagen internacional por encima de la protección a los derechos humanos de sus ciudadanos. Por un capricho, hoy enfrentamos repercusiones económicas y posibles sanciones que terminarán afectando a la economía de un país”, añadió Lira.
Además, el parlamentario señaló que la negativa a cooperar con las autoridades estadounidenses para restituir los derechos de Kilmar Ábrego García y retornarlo, lejos de resolver el caso, “solo profundizan la desconfianza en el país”.
“El Estado salvadoreño debe anteponer la defensa de sus ciudadanos y el respeto al Estado de Derecho internacional sobre cualquier cálculo político o interés personal”, añade.
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Por su parte, la diputada de Vamos, Claudia Ortiz, reaccionó al caso Ábrego García exponiendo que ahora le ocurrió a un hermano de la diáspora, pero puede tocar a cualquier salvadoreño en cualquier momento.
“Me parece interesante el hecho de reconocer públicamente que aquí cualquier persona privada de libertad (chasquea los dedos) está a la orden de lo que diga el Ejecutivo, eso habla muy mal de nuestra democracia, del Estado de Derecho. Todos los salvadoreños no queremos estar así (chasquea) a la orden de quien pueda abusar del poder”, expresó la diputada.
Para Ortiz, el Estado salvadoreño no puede tener doble moral, por un lado tratando de velar por los derechos de otras personas, pero no se vela por los derechos fundamentales de quienes están detenidos injustamente en El Salvador.
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